III. TRATAMIENTO Y RESPUESTA A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La segunda parte de este estudio consistió en la revisión y análisis de 140 carpetas de tribunales de familia y 148 de fiscalías de las Regiones V y Metropolitana con el fin de determinar, ahora desde una perspectiva cualitativa, el tratamiento y respuesta del sistema judicial a la violencia intrafamiliar.

La revisión de las carpetas muestra que la mayoría de las víctimas son mujeres, tanto en sede penal (88,5%) como en sede familiar (95%), cuyas edades fluctúan entre 30 y 47 años. Si bien en ambas judicaturas se registran denuncias de hombres, de acuerdo a la información recabada, éstos suelen ser maltratados por otros hombres, ya sean hijos, hermanos, yernos o padres.

Sin perjuicio de ello, la nomenclatura utilizada por nuestro ordenamiento jurídico -actos de violencia intrafamiliar- muestra que los casos ingresan como problemas de maltrato al interior de la familia en un sentido genérico, lo que no releva la unidirec-cionalidad del fenómeno: hombres que maltratan a sus parejas o a otros miembros del entorno familiar. Concordamos en este sentido con Amorós cuando señala que las formas que utilizamos para denominar las cosas, los hechos, los fenómenos tienen altos componentes políticos²¹. En este caso dar un nombre genérico a aquello que es específico puede mantener en el imaginario colectivo la idea de "familia violentada", cuando en verdad se trata de violencia en contra de mujeres por parte de varones. Esto es especialmente evidente al momento de registrar y contabilizar casos de violencia intrafamiliar, pues no distinguen quiénes son los perpetradores y las víctimas.

Ahora bien, pese a que la violencia se dirige hacia la mujer, cuando existen otros miembros en la familia ellos también resultan afectados, especialmente si se trata de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo a las carpetas revisadas, más de un 93% de las denunciantes en sede familiar tenía hijos/as, porcentaje que aparece más bajo en sede penal (57%)²².

Por otra parte, la gran mayoría de las mujeres que denuncian la violencia lo hacen en contra de sus cónyuges, convivientes, ex cónyuges, ex convivientes o personas con las cuales se tiene o se tuvo una relación de pareja. Esta situación es similar en ambas judicaturas, aun cuando las proporciones son distintas, 49,3% vs. 34,4% cuando se trata de cónyuges y 21,4% vs. 27,7% cuando se trata de convivientes, en sede de familia y penal, respectivamente.

Los tipos de violencia que muestran los casos son múltiples: desde la violencia sicológica hasta la sexual pasando por las amenazas, la destrucción de enseres domésticos y la violencia física. En los tribunales de familia la violencia sicológica es la manifestación de más alto ingreso con un 43,7%, la cual -de acuerdo a lo que consignan las demandas y partes policiales- consiste en insultos y humillaciones con expresión de afectación sicológica para las personas que denuncian.

Los relatos de los partes policiales y las denuncias trasuntan las construcciones genéricas que están a la base de los roles y las jerarquías familiares con expresiones tales como "no servís p'a la cama", "soi mala madre", "eres tonta, guatona, chancha", donde se manifiestan en forma explícita los roles estereotipados de género, tal como se aprecia de la siguiente información recabada de la revisión de carpetas.

Según lo relatado en el parte-denuncia policial, la demandante es casada hace 15 años con el demandado, quien la agrede psicológicamente, lo que la menoscaba en su calidad de mujer y madre. Lo que motiva la denuncia, es que mantuvo una discusión con el demandado, quien le manifestó con palabras soeces que si no le cocinaba la iba agredir²³.
Ella señala en su denuncia "Que es casada con xxx relación [de la cual] nacieron tres hijos los cuales se encuentran casados y que desde hace 3 años a la fecha, su cónyuge la insulta con palabras groseras menoscabándola en su calidad de madre y mujer, además le manifiesta a viva voz "que no me tienes la ropa planchada, no está listo el almuerzo y que se demora en prepararlo más de 5 horas", razón por la cual se encuentra afectada sicológicamente"²⁴.

El segundo lugar lo ocupa la combinación entre maltrato verbal y psicológico más violencia física, la que alcanza al 16,4%. En tercer orden de importancia están las denuncias por violencia verbal y sicológica más amenazas (de agredir a la denunciante, a los hijos/as o que el denunciado se suicidará), las que alcanzan a un 11,4%.

Por su parte, en los casos investigados por el Ministerio Público, los partes policiales describen diversas manifestaciones de delitos (lesiones, amenazas, maltrato habitual, entre otros). También incluyen descripciones de categorías de conducta como "insultar en su condición de mujer y madre" o refiere lesiones sicológicas, maltrato infantil o violencia intrafamiliar a la mujer o adulto mayor, pero sin una narración fáctica que la acompañe, con lo cual no es posible establecer el tipo de hechos denunciados. Sin perjuicio de ello, la formalización por tipo de delito se concentra en lesiones menos graves en combinación con el delito de amenaza (55,6%), seguidas de las amenazas (28,8%). Cabe consignar que del total de carpetas revisadas el delito de maltrato habitual alcanza a menos de una décima parte (8,3%).

1. Medidas cautelares y de protección

Otro foco del estudio fue indagar en relación a las medidas cautelares decretadas en ambas sedes y detectar sus diferencias y similitudes. Como sabemos, la finalidad de las medidas cautelares en la Ley Nº 19.968 y en la 20.066 va más allá de la noción tradicional de asegurar el resultado de la acción y la eficacia de las resoluciones judiciales. Si bien algunas de las medidas contempladas en el artículo 92 de la Ley de Tribunales de Familia persiguen ese objetivo, la gran mayoría de ellas tiene otra finalidad: proteger a la víctima y a su grupo familiar, así como su subsistencia económica e integridad patrimonial, algo similar a lo que ocurre en materia penal.

En el caso de los tribunales de familia, la ley prevé un sistema que otorga una potestad cautelar amplia al juez, incluso sin la obligación de fundamentar la resolución que decreta las cautelares²⁵. Se le entregan facultades para fijar las medidas que estime pertinentes en tres situaciones específicas: en casos urgentes, cuando lo exija el interés superior del niño, niña o adolescente o cuando lo aconseje la inminencia del daño que se trata de evitar. Estas medidas podrán ser conservativas o innovativas, según si modifican el statu quo o no de la situación de hecho²⁶.

La revisión de carpetas muestra que en la judicatura familiar las cautelares superan a las decretadas en sede penal (49,2% vs. 28%). Las más frecuentes son la prohibición de acercarse a la víctima que alcanza a un 15,7%, le sigue la combinación de ésta con la salida del hogar común con un 17,8% y otras de variada índole (rondas periódicas, tratamientos, terapias, etc.) que en total llegan a un 15,7%.

En materia penal, se debe distinguir entre medidas cautelares que exigen la participación directa de un juez de garantía con la posibilidad de ser discutidas por la defensa y las medidas de protección. Estas últimas pueden ser adoptadas por el Ministerio Público sin intervención judicial, pues no comprometen los derechos de los imputados²⁷.

Las carpetas revisadas muestran que no más allá de un tercio de los casos presentaba medidas de protección, y no fue posible vislumbrar los criterios usados por las fiscalías para determinarlas. De éstas, en una quinta parte de los casos se adoptó la medida de protección de ronda policial + contacto telefónico prioritario, y casi en un 10% se trató de contacto prioritario o llamadas telefónicas periódicas.

Por su parte, las medidas cautelares solicitadas por las fiscalías y decretadas por los jueces de garantía no superan el 28% de los casos y consisten principalmente en la combinación de salida del hogar común más prohibición de acercamiento + firma del imputado que alcanza a un 10,1%.

Llama la atención que en 4 de los 30 casos en que se decreta la cautelar de prohibición de acercamiento se deja expresa constancia que esta medida es "sin perjuicio del derecho a visitas". Si bien se comprende la necesidad de hacer esta salvedad -probable-mente en atención a la existencia de hijo/as comunes entre víctima y victimario- ella se realiza en términos tan generales que la interpretación y aplicación de la medida queda entregada a las partes. Ello reviste especial complejidad, especialmente si el régimen comunicacional ha sido regulado por un tribunal de familia, pues el cumplimiento de una decisión judicial implicará -de algún modo- la infracción de la otra.

La prevalencia de la cautelar de salida del hogar que se observa en ambas judicaturas se puede explicar porque -como vimos- la mayoría de las denuncias se hacen en contra de cónyuges o convivientes. La cautelar de abandono del hogar común aparece como una medida racional frente a los actos de agresión cuando las partes viven juntas y se busca que éstos cesen.

Cabe señalar, sin embargo, que esta medida es cuestionada por abogados litigantes quienes ven en ella un "proxy" del divorcio de los pobres²⁸. No obstante, en este tipo de reflexión se omite considerar que las crisis de separación entre cónyuges o convivientes agudizan situaciones de conflicto e incluso desatan agresiones cuando uno de ellos no desea la separación. El Informe PNUD 2010 muestra que los hombres en proceso de separación experimentan malestar y desasosiego, por lo que el miedo a quedarse solos no les permite tomar la decisión o aceptarla cuando es un hecho²⁹. Mientras menor es la disposición al cambio más aumenta el malestar, lo mismo que el miedo a enfrentar el aislamiento, lo cual "actúa como 'una olla psíquica que explota ya sea en agresiones contra sí mismo, que se traducen principalmente en el abuso de sustancias o dependencias del alcohol, o en agresiones hacia otros hombres..."³⁰. En ese contexto es factible que los hombres se sientan más inseguros y muestren respuestas más agresivas especialmente cuando no aceptan las nuevas condiciones en sus relaciones de pareja y carecen de capacidad de diálogo.

Como se puede apreciar, no hay grandes diferencias en el tipo de medidas cautelares decretadas en ambas judicaturas, la prohibición de acercamiento a la víctima y la salida del hogar común del ofensor son las más abundantes. Se observa, sin embargo, una importante diferencia en relación a la proporción de las medidas decretadas en una y otra sede -49% en sede de familia versus 28% en sede penal-, diferencia que podría verse morigerada si a las cautelares penales se suman las medidas de protección dictadas por los fiscales que alcanzan a un 30%.

2. Condiciones de las salidas alternativas

Por último, interesaba indagar acerca de las condiciones impuestas tanto a través de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia en sede familiar como de la suspensión del procedimiento en sede penal. Cabe señalar que en ambos casos la ley prevé que las medidas cautelares puedan mutar a condiciones de estas salidas alternativas y se mantengan hasta un plazo no superior a un año.

En materia de familia pudimos constatar que una de las condiciones más comunes es el sometimiento a una terapia o tratamiento que alcanza casi a un tercio de los casos. La imposición de un tratamiento contra el alcoholismo corresponde a un 28,3%, mientras que contra las drogas alcanza a un 6,4%³¹. En algunos casos, a ellos se suman terapias sicológicas o psiquiátricas individuales para el control de impulsos (8,4%) o terapias de pareja (11,3%).

Por otra parte, la combinación de salida del hogar común más la prohibición de acercamiento llega a menos de una cuarta parte de los casos (22,8%). La salida del hogar junto con otras medidas -como terapia o no repetir conductas violentas- alcanzan a un 28,2% de los casos, porcentaje ostensiblemente menor que al detectado en sede penal (58,1%).

A nuestro juicio, en un 12% de casos terminados por suspensión condicional de la dictación de la sentencia esta salida no era procedente -o al menos su procedencia era altamente discutible- ya que los denunciados tenían denuncias anteriores por violencia en contra de la misma denunciante.

Ahora bien, en 20 de los 140 casos terminados por suspensión condicional de la dictación de la sentencia se abordan lo que hemos denominado "temas conexos", esto es, aquellos que surgen luego del quiebre familiar, especialmente cuando hay hijos/as. Se tiende a establecer, por ejemplo, el monto y formas de pago de la pensión de alimentos, así como la frecuencia e intensidad del régimen comunicacional. La combinación que se da con mayor frecuencia es la de alimentos + relación directa y regular, lo que se constata en 7 de los 20 casos.

Por su parte, en sede penal la salida del hogar en conjunto con la prohibición de acercamiento a la víctima es la combinación más frecuente (58,1%), seguida por la prohibición de acercamiento más fijación de domicilio (47%) y casi un 10% de las condiciones corresponde a lo que hemos denominado "pactos de no agresión", como, por ejemplo, el compromiso del ofensor de no reiterar las conductas violentas. Cabe señalar, por último, que la información recabada no arroja datos sobre los llamados temas conexos.

Como se observa, tanto en sede penal como familiar el contenido de las salidas alternativas es bastante homogéneo. Las condiciones son prácticamente las mismas, solo se invierten las proporciones en que éstas aparecen. Mientras en familia priman los tratamientos y las terapias, en penal hacen lo suyo la prohibición de acercamiento y la salida del hogar común. Por otra parte, se observa que en muchos casos las condiciones establecidas en la suspensión condicional (ya sea de la dictación de la sentencia o del procedimiento) son las mismas medidas cautelares antes decretadas.

La revisión de los casos nos muestra que en general las personas que experimentan violencia acuden al sistema judicial pidiendo preferentemente que ésta cese. Todo indica que sus intereses no se encaminan necesariamente hacia la aplicación de una sanción al ofensor, pues ello no da a la víctima la seguridad que no se reiterará la misma conducta, bastando por tanto la aplicación de medidas que exijan el alejamiento del ofensor.

Esto lleva a preguntarse por el impacto real del sistema penal, en un contexto además de un alto porcentaje de salidas facultativas (46,7% de acuerdo a los datos de 2008 del Ministerio Público). ¿Cuál es entonces el valor agregado de la intervención penal? Quizás sea su valor simbólico, pues se obtiene una respuesta del área más dura del derecho con una clara señal de que el sistema se hace cargo que se ha cometido un delito. Pero nos preguntamos hasta qué punto se hace cargo de este complejo fenómeno si la gran mayoría de los casos finaliza a través de salidas facultativas o alternativas.

IV. CONCLUSIONES

El presente trabajo tuvo como objetivo indagar acerca del tratamiento y respuesta que reciben los casos de violencia intrafamiliar en el sistema de administración de justicia actual, específicamente en relación con las formas de término que ofrece la justicia de familia y la justicia penal.

Una de las primeras reflexiones que surgen a partir de este estudio se refiere a la calidad de la información con la que cuentan los organismos públicos, pues se advierten importantes deficiencias a nivel de registro y categorización de la información. Este tipo de problemas se observa particularmente en sede familiar donde no pudimos cuantificar el impacto de la suspensión condicional de la dictación de la sentencia con datos provenientes de la CAPJ, pues esta salida alternativa no es considerada como una categoría autónoma. Los datos recibidos y procesados hasta del primer semestre de 2008 no entregan información al respecto, y creemos a juzgar por la información del Servicio de Registro Civil que los casos terminados por esta vía se suman a las sentencias. Por otro lado, las estadísticas del Registro Civil no dan cuenta de la derivación de casos desde la justicia de familia a la penal cuando son considerados como maltrato habitual y procede la incompetencia, razón por la cual tampoco es posible saber con certeza el impacto de esta modificación introducida por la Ley Nº 20.066.

Consideramos que la ausencia de datos fidedignos no permite diseñar y evaluar políticas públicas y judiciales desde la evidencia, sino por el contrario se hace desde intuiciones que conducirán inevitablemente a cometer errores que pueden costar muy caro a la legitimidad del sistema judicial y a los justiciables, más aún si ello se da frente a un fenómeno tan complejo como la violencia de género.

Ahora bien, y una vez hecha esta prevención, a la luz de los datos se puede constatar un aumento sostenido de la judicialización del fenómeno de la violencia intrafamiliar. Los primeros estudios del año 1996 dan cuenta en ingresos que promedian las 50.000 causas anuales, mientras que en el 2008 esta cifra prácticamente se duplica. Sin embargo, no hay que perder de vista que esta es una parte del fenómeno, lo que se ve, pues hay una cifra negra que desconocemos.

Desde el sistema de justicia penal se advierte que las principales formas de poner término a los casos son el archivo provisional como salida facultativa y la suspensión condicional del procedimiento como salida alternativa. Las sentencias condenatorias no alcanzan al 10% del total de las causas terminadas.

Creemos que los incentivos de gestión y carga de trabajo del sistema penal imponen soluciones rápidas, óptimas para el sistema, pero discutibles para los y las denunciantes, en que su participación en el proceso es escasa. La mecanización de las salidas alternativas con condiciones blandas y sin capacidad institucional de seguimiento soslaya los riesgos que las víctimas enfrentan. Encontrarnos además con condiciones de "pacto de no agresión" -aunque en baja proporción- era precisamente lo que se quería evitar con la dictación de la Ley Nº 20.066, y reitera la falta de sensibilización y entendimiento de las dinámicas de violencia.

Podríamos decir que en el caso de la suspensión condicional del procedimiento se replican -guardando las debidas proporciones- los mismos argumentos que en sede familiar para preferir esta salida. De acuerdo a los resultados, se advierte que los casos de violencia intrafamiliar no llegan a juicio, eliminándose la necesidad con ello de llevar adelante una ardua investigación por parte del fiscal para probar, más allá de toda duda razonable, la culpabilidad del ofensor. Todo indica que para los operadores del sistema penal este tipo de asuntos son difíciles de abordar, con víctimas que en algunos casos prestan escasa colaboración y un alto grado de retractación³² (que en realidad no es la declaración que los hechos denunciados no hubieran ocurrido, sino que no se desea persistir en la persecución penal). Ello podría explicar la prevalencia de la suspensión condicional del procedimiento, por una parte, y de las salidas facultativas, por otra.

Este razonamiento es igualmente válido para los tribunales de familia con la salvedad de que estos muestran en sus respuestas un enfoque similar a lo que se resolvía bajo la Ley Nº 19.325, esto es, la recomposición de los vínculos familiares y dar oportunidad al ofensor de cambiar su conducta a través de la rehabilitación. El desajuste sicológico y/o violento y la necesidad de reparar los lazos familiares está muy presente, y por ello se debe alertar sobre la existencia de redes que no sólo provean 'terapia familiar', sino también un trabajo de rehabilitación eficaz, reparación para las víctimas de la violencia que les permitan salir de un circuito violento, pues cuando median afecto y dependencia afectiva y/o económica las mujeres proporcionarán nuevas oportunidades a sus parejas para que "cambien". Si ese es el enfoque, entonces debe existir un monitoreo que lo acompañe; de otra manera, es dilatar la crónica de un fracaso anunciado.

En este sentido, no nos preocupa el bajo número de sentencias, especialmente cuando la ley prevé la posibilidad de una salida alternativa. Lo relevante es reconocer el tipo de trabajo y el tratamiento que se da a los casos. La importancia radica en tomarse el tiempo y adoptar las adecuadas condiciones, para que éstas sean concordantes con la gravedad del caso y la evaluación del riesgo del mismo. Hay, sin embargo, suficiente información anecdótica de víctimas que son presionadas a aceptar las suspensiones en sede familiar: se les advierte que los papeles del ofensor quedarán manchados, que irán a la cárcel o que no podrán pagar la pensión de alimentos.

Finalmente, si comparamos los efectos de la suspensión en sede familiar versus una suspensión en sede penal ahora en la persona del ofensor, todo indica que esta última le resulta menos gravosa. Esto se debe a que en materia penal no existe la anotación que aprueba la suspensión en ningún tipo de catastro, sin perjuicio del histórico del Ministerio Público, todo ello porque no hay reconocimiento de los hechos de violencia. La suspensión beneficia al imputado -y potencialmente a la denunciante, porque no se le sanciona con una multa- pues sus antecedentes no quedan 'manchados', cuestión que parece preocupar a los operadores. Paradójicamente, en los tribunales de familia si los hechos denunciados consisten en "zamarrear e insultar" y el proceso termina con una suspensión, el ofensor quedará en el registro histórico de actos de violencia intrafamiliar del Servicio de Registro Civil.

Todo indica que la intención de dar un trato más severo a la violencia doméstica conduce -en algunos casos- a resultados incongruentes. Por ello, y concordamos con Mera, sería un error buscar en el aumento del marco penal la respuesta más adecuada a la violencia, pues se queda con una reacción simbólica³³, y como sostiene Larraín hay una excesiva confianza en la penalización y la judicialización dejando otros aspectos claramente de lado³⁴.

Con la suspensión condicional del procedimiento, la intervención penal parece apuntar solo a detener la violencia y darle una oportunidad al ofensor para que no reincida, pero no se advierte seguimiento de las condiciones para asegurar su cumplimiento. Ello puede responder a la tosquedad del derecho penal como instrumento de control social, pero también una aplicación más bien mecánica de esta salida alternativa: se imponen siempre las mismas condiciones y sin ningún valor agregado.

Finalmente, es menester señalar que este estudio tiene limitaciones, por cuanto "el habla de la víctima" está mediado por su interpelación al sistema judicial -a través de escritos y registros que pueden producir información sesgada, y por ello, es importante mantener líneas de investigación que permitan hacer diagnósticos más acertados acerca de las necesidades de las víctimas. Las necesidades de las mujeres están influenciadas por el tratamiento burocrático que tienen los casos en cualquiera de las sedes, y ello se reproduce incluso en la instalación de tribunales especializados en violencia doméstica en el Estado de La Florida, EE.UU.³⁵.

Consideramos que el tratamiento de la violencia doméstica exige una mirada integral y escapa a los cánones tradicionales del derecho penal el cual está concebido para mirar la foto, 'el último golpe', cuando se requiere que miremos la película completa³⁶. Por lo mismo, ello tendrá distintas exigencias a la organización del aparato del Estado en su conjunto tanto judicial como de las instituciones colaboradoras y las que operan en él. Algo similar ocurrirá en los tribunales de familia.

Creemos que Chile avanza hacia mejores mecanismos de protección para enfrentar la violencia en contra de las mujeres, pero la eficacia de una ley y sus dispositivos descansan en una serie de factores y no la mera existencia de un cuerpo de normas. Por ello, vemos la necesidad de evaluar crítica y consistentemente los dispositivos creados y las políticas públicas que los acompañan. Solo a partir de medidas instadas desde la evidencia es posible avanzar por un buen camino.