Introducción

Para el año de 1868, el puerto de Iquique, como toda la provincia de Tarapacá², se encontraba en estado de expectación. Si bien los inconvenientes domésticos -como limpieza de calles, manejo de la basura, iluminación, veredas deterioradas, perros vagos, etc.- se acrecentaban a la par del incremento demográfico y sin una habilitación equivalente de las reparticiones públicas que debían hacerles frente y solucionarlos, primaba la idea de que por fin la industria salitrera de este recóndito territorio peruano se había consolidado. Y ello, a pesar de las constantes trabas desplegadas por importantes sectores políticos asentados en Lima, por el temor que le tenían a la potencial competencia que este fertilizante salino -en manos privadas y fuera de su control- podía representar a la riqueza guanera que sostenía la renta nacional y a sus bolsillos bajo la modalidad de concesión. En consecuencia, la creciente demanda de salitre en el mercado mundial hizo prever en algunos sectores de opinión pública de Iquique y Pisagua que los productores salitreros, en su gran mayoría oriundos de la región de Tarapacá, en un futuro cercano estarían en condiciones de sostener esta industria minera sin un apoyo relevante del Estado. Sin embargo, debajo de este razonable optimismo, que contenía, a su vez, una persistente postura reivindicacionista hacia los gobiernos de turno por el abandono al que estaban sometidos, como si fueran peruanos de segunda clase³, habitaba un conjunto amplio, recurrente y macizo de condiciones de vulnerabilidad. Condiciones que cada cierto tiempo emergían, advirtiendo las debilidades estructurales en las que se sostenía la sociedad tarapaqueña como expresión periférica de la formación de la nación peruana.

Es en este contexto que la ciudad puerto de Iquique y la provincia de Tarapacá en general sufrieron la arremetida de la naturaleza, al atardecer del día 13 de agosto de 1868, por medio de un megasismo que afectó a todo el sur del Perú y cuyo epicentro estuvo a setenta kilómetros al oeste de la vecina ciudad de Arica, y un posterior tsunami que tuvo alcances bastante más allá de la costa inmediata. Dada su magnitud, las consecuencias no tardaron en advertirse, provocando incertidumbre y temor, pero también cuestionamientos sobre el actuar de las reparticiones fiscales y una discusión sobre los factores sociales y políticos que coadyuvaron a amplificar este fenómeno. Con ello, se instaló una serie de argumentaciones que, a la luz de hoy, remiten a la idea de que los “desastres naturales” en estricto rigor devienen en “desastres sociales”, producto de decisiones políticas que terminan sancionando, de manera intencionada o no, condiciones estructurales de vulnerabilidad. Es decir, los desastres, tal como lo sostienen Frederick Cuny, Kenneth Hewitt, Andrew Maskrey y Allan Lavell, son resultado de un conjunto de problemas no resueltos del desarrollo⁴, un inconveniente estructural y sistémico que genera una permanente vulnerabilidad social que termina siendo, y no los eventos geofísicos y climáticos por sí solos, la causa central de su ocurrencia⁵. De este modo, siguiendo el planteamiento de Catalina Arteaga y Ricardo Tapia, los desastres nunca son naturales sino “socionaturales”, toda vez que:

“[…] los propios modelos de desarrollo [son] los que no consideran ni incorporan con la debida ponderación a las amenazas naturales en la percepción y evaluación de las condiciones cotidianas de los mundos reales de los habitantes locales, haciendo que permanezcan como externalidades negativas no deseadas, fortuitas y efímeras, que afloran intempestivamente solo una vez que la capacidad de absorción o adaptación de la sociedad es superada por la rigurosidad de la naturaleza”⁶.

Este giro hacia los componentes socioculturales para entender las causas de los desastres asociados a eventos naturales, implica reconocer que el riesgo está contenido en la vulnerabilidad social y no en los sucesos físicos y climatológicos extremos⁷, destacando con ello, por una parte, los “entornos” sociales, políticos y económicos que intervienen de forma casual en los desastres⁸ y por otra, la necesidad de diferenciar la “amenaza” contenida en los eventos de la naturaleza, del “desastre”, que es resultado de factores socio-históricos y de la desigualdad que provoca que los efectos se distribuyan de manera muy desigual entre los grupos humanos⁹.

A partir de esta premisa es que en este artículo abordamos la resonancia que tuvo este acontecimiento en parte de la opinión pública de Iquique, sobre todo en la prensa, considerando que puso en evidencia un conjunto de problemas en un momento crítico de inflexión económica y política en el devenir histórico de esta región y en un periodo en el que la crisis financiera del Perú era alarmante¹⁰.

En consecuencia, no centraremos el análisis en el movimiento sísmico y la embestida del mar, que ha sido estudiada en reiteradas ocasiones desde el siglo XIX hasta la actualidad¹¹, sino en la serie de planteamientos, percepciones, reivindicaciones e inquietudes que surgieron tras este acontecimiento y que se diseminaron en las páginas de la prensa tarapaqueña exponiendo, tanto en un tenor indirecto como directo, la fragilidad urbana que había evidenciado Iquique - así como los otros puertos y localidades de la provincia- por las escasas y equivocadas decisiones políticas y administrativas de las autoridades gubernamentales. De manera puntual, abordaremos el modo en que la prensa tarapaqueña intensificó la difusión y argumentación de ciertas demandas locales acrecentadas por los daños materiales y humanos que dejó este fenómeno de la naturaleza, reflejando con ello aquella premisa que señala que es en los inconvenientes y conflictos donde se ven con más claridad las carencias, y donde se plasma el malestar ciudadano.

Fuente: William Bollaert, “Observations on the Geography of Southern Peru. Including Survey of the Province of Tarapacá, and Route to Chile by the Coast of the Desert of Atacama”, in The Journal of the Royal Geographical Society of London, N° 21, London, pp. 100-102. Disponible en www.jstor.org/stable/1798186 [fecha de consulta: 5 de mayo de 2016].

Figura 1 Provincia de Tarapacá, Departamento de Arequipa, 1851 

El terremoto y Tsunami en Iquique y la Provincia de Tarapacá: Una breve descripcióN

El 13 de agosto de 1868, al atardecer, tras el terremoto de 8,4 grados escala Richter, vino el tsunami que arrasó los sectores de La Puntilla y El Morro, provocando una herida de proporciones dado que en esos barrios se desarrollaban las actividades económicas más neurálgicas de Iquique, las cuales, además, estaban ligadas con la economía de toda la provincia de Tarapacá; es decir, el registro aduanero, el comercio, los servicios bancarios, el embarque de salitre, la carga y descarga de insumos diversos, el almacenamiento de salitre, la destilación de agua de mar, entre otras tantas, evidenciando en una fracción mínima de tiempo la vulnerabilidad de la ciudad con respecto a su ubicación y mala calidad de su infraestructura urbana. Así, la ecuación sismo y maremoto destruyó muelles, bodegas, máquinas, las mejores casas, almacenes, oficinas, botes, etcétera; además de segar la vida de más de cien personas, algunas de ellas destacados residentes como el empresario Guillermo Billinghurst y el médico Federico Bokenham¹².

Este terremoto, como ya mencionamos, tuvo su epicentro cerca del puerto de Arica, distante de Iquique a unos 310 km hacia el norte. Su área más comprometida fue de setecientos kilómetros cuadrados, y se percibió de norte a sur en una extensión de algo más de 4 500 km, entre Samanco (Perú) y Valdivia (Chile), y unos 224 km hacia el este, hasta Cochabamba (Bolivia)¹³. El tsunami, en tanto, afectó sobre todo a las costas entre Pisco, por el norte, e Iquique, por el sur, además de las riberas de Chile hasta Ancud¹⁴. Con posterioridad al evento principal, entre el 14 y el 25 de agosto se contabilizaron más de cuatrocientas réplicas de distinta intensidad, acrecentando la incertidumbre entre los residentes de Iquique y demás puertos, pueblos y oficinas salitreras de la provincia.

El daño en las localidades del interior como en los otros puertos tampoco fue menor, al punto que a inicios de 1869 el recién nombrado prefecto, Miguel Valle-Riestra, informó al ministro de Gobierno que “la capital de la provincia litoral [San Lorenzo de Tarapacá] se [halla] en un estado bien lamentable de destrucción” y que el puerto de Pi- sagua, al igual que Iquique, “también [ha sido] destruido en la parte principal o de más valof’¹⁵. Junto con los daños materiales, la provincia también debió enfrentar inconvenientes socioeconómicos relevantes, tal como lo hizo ver la prensa al mencionar que los “estragos del terremoto” han “alejado la concurrencia de los brazos útiles; de manera que no pocos trabajos de industria y comercio [están] paralizados”¹⁶.

Así como en Tarapacá, en el resto del sur peruano las secuelas también fueron importantes. La ciudad de Moquegua quedó “totalmente en ruinas”, llegándose a contabilizar ciento cincuenta víctimas fatales¹⁷. Además, muchos de sus edificios más emblemáticos y gran parte de las viviendas con mojinete, que dominaban las construcciones habitacionales, quedaron en el suelo¹⁸. En cuanto a Arequipa, la urbe más importante, los daños no fueron menores. El diario La Bolsa, días después del sismo, llegó a titular que la “bella Arequipa, ya no existe”¹⁹, graficando con ello que la llamada “ciudad blanca” estaba por los suelos. Nada se salvó. Iglesias, edificios públicos y las casas estaban destruidas, dejando debajo de los escombros decenas de cadáveres²⁰. Arica, en tanto, al estar ubicada en el epicentro, fue la que más se vio afectada. En la práctica, toda la ciudad sufrió el embate tanto del sismo como de la salida violenta del mar, siendo las pérdidas millonarias. Lo anterior tuvo por secuela un alto número de fallecidos. Alrededor de trescientos según lo informado en su momento²¹, quinientas de acuerdo con estimaciones recientes de Elías Pizarro²². Estas cifras de fallecidos, aun en su disparidad, reflejan con nitidez el nivel de afectación que tuvo Arica tomando en cuenta que en ese momento tenía alrededor de tres mil habitantes²³. Es decir, entre un 10% y un 16% de sus residentes perdieron sus vidas de forma dramática. En contrapartida la ciudad de Tacna, apenas situada a 58 km al norte de Arica, sufrió pocos daños. Se destruyeron apenas sesenta casas, un número insignificante considerando que su población triplicaba a la que vivía en Arica²⁴.

Este penoso escenario descrito para Iquique, Pisagua, Arica y Moquegua, se replicó en gran parte del área rural y puertos del departamento de Arequipa. Por ejemplo, el pueblo del valle de Locumba y sus bodegas quedaron en ruinas. La parte baja del valle El Tambo fue afectada con severidad. En Mollendo, las olas arrasaron los almacenes y otras instalaciones del ferrocarril. En el puerto de Islay el mar arremetió con fuerza, pero el hecho de estar la infraestructura portuaria y habitacional en altura, por la geografía rocosa, se salvó de un daño significativo. En la localidad de Camaná murieron cien personas y se destruyó la casi totalidad de sus edificaciones, afectación que se replicó con mayor o menor intensidad en Aplao y Chala. Más al norte del departamento de Arequipa, las localidades de Nazca, Ica, Pisco y Cañete, entre otras, también se vieron damnificadas²⁵.

Si bien las secuelas que dejó el comportamiento de la naturaleza en el sur del Perú fueron importantes, la dimensión catastrófica que adquirió el sismo y posterior tsunami no se situó en la destrucción material y la pérdida de la vidas humanas, sino en la crisis social que experimentaron con intensidad en aquellos años estas provincias meridionales, como todo el país, a causa de los convulsionados procesos políticos y económicos que se arrastraban por décadas. En efecto, de acuerdo con Rodrigo Núñez-Carvallo, no “solo la tierra tembló ese agitado año de 1868”²⁶, asimismo, hubo un desastre político y una catástrofe fiscal. El terremoto y la posterior salida de mar se produjeron cuando Tarapacá, de manera puntual, y el Perú, en su conjunto, estaban recién saliendo de una nueva debacle política, producto del enfrentamiento armado entre el presidente Mariano Ignacio Prado y los sublevados Pedro Diez Canseco, en Arequipa, José Balta, en Trujillo y Ramón Castilla, en San Lorenzo de Tarapacá, por el tema constitucional; conflicto que se decantó a favor de los rivales del presidente Mariano Prado a inicios de 1868. Un escenario al que se sumó, incrementando la vulnerabilidad, la crisis de la renta nacional, como resultado de la malversación de la riqueza aportada por el guano que, por décadas, habían llevado a cabo los caudillos militares, los políticos de turno y los financistas dedicados a la consignación²⁷. Pero no solo esto; además, en el caso tarapaqueño, lo ocurrido en 1868 coronó más de dos décadas de convulsiones que terminaron provocando, entre otras cosas, que sus centros habitados fueran catalizadores de riesgos por la ausencia, precariedad o abandono intencionado de sus instancias de gestión administrativa a razón de cambios constantes de autoridades de acuerdo con el bando vencedor, bloqueos a la gestión por rivalidad y por la prevalecencia de los intereses particulares de los más poderosos con escasa o ninguna preocupación por los pobres, los que vivían en condiciones precarizadas en extremo²⁸. Todo lo anterior incrementado, aún más, por la persistente inestabilidad de su principal actividad, la minería del salitre, lo que generaba cesantía, vagabundaje y delincuencia.

Los registros de estos inconvenientes fueron nutridos y frecuentes. En febrero de 1840 el subprefecto Calixto Gutiérrez de la Fuente, ante la caída del valor del salitre, informó que “como la Provincia es absolutamente estéril de todo ramo de aportaciones, no tiene de donde esperar auxilio ninguno de fuera con que pueda sostener sus antiguos consumos por la decadencia y miseria a que se ve reducida”²⁹. En marzo de 1845, el subprefecto Carlos Carpio volvió a reiterar esta fragilidad económica y social, señalando que el “estado actual de la Provincia es deplorable, porque subsistiendo ella de una única industria de salitres, este fin se halla limitado hoy al trabajo que sostienen los salitreros adeudados de los especuladores de Iquique en este ramo”³⁰. A inicios de 1859, los industriales salitreros del cantón de Zapiga le manifestaron al gobernador del distrito, Luis Contreras, que en su parte medular este alicaído escenario era responsabilidad de los “brazos auxiliares” del gobierno, que ha tenido como “resultado que cada día marcha a su ruina el único ramo de industria que se nos ha proporcionado, y el que es de vital importancia para la Provincia conservarlo”³¹. Opinión coincidente con la del que fue, con toda probabilidad, el mayor empresario salitrero de la década de 1850, el inglés Juan Williamson, que manifestó con preocupación que los “negocios han sufrido una decadencia notabilísima. Se halla la provincia de Tarapacá hoy en un estado de transición; sus operaciones mercantiles, sus comerciantes, sus salitreros, sus vecinos, todos participan de este estado transitivo. Una crisis calamitosa ha sobrecogido a ella, sumergiendo a sus pobladores en la más espantosa ruina”³². De este modo, para mediados del siglo XIX la vinculación entre precariedad económica y social y la indolencia administrativa, sobre todo por parte del Estado peruano, se asentó, tal como lo dejó entrever el corresponsal iquiqueño del periódico tacneño El Comercio, en mayo de 1856, al afirmar: “la apartada provincia de Tarapacá gime y llora de verse olvidada completamente del gobierno”³³, como también un grupo de comerciantes de Iquique y de los pueblos salitreros al manifestar que era doloroso:

“[…] ver a esta Provincia reducida a un foco de malhechores de diferentes Naciones, y ser guarida de criminales y bandidos que, teniendo noticia del abandono e indiferencia de sus empleados políticos, se desprenden en masas y, abrigándose en el seno de sus poblaciones se entregan con toda libertad al saqueo, robos, asesinatos, y toda clase de desórdenes, sin que las autoridades políticas a quienes corresponde vigilar por la conservación del orden público, adopten las medidas enérgicas que reclama la situación”.

Señalando, enseguida que, no obstante, ser

“Iquique, uno de los puertos más interesantes de la República, debiendo su adelanto al impulso que naturalmente le concede la riqueza natural de la Provincia, [está] relegada al olvido de los Gobiernos, [y por el contrario se encuentra] más bien oprimida que protegida por ellos”³⁴.

Una tajante opinión que ratificó en 1868 el agente Luciano Benjamín Cisneros, enviado por el gobierno central a verificar el estado de la provincia –como de todo el sur peruano– tras el terremoto y maremoto de ese año, al resaltar en su informe que “al visitar el bellísimo puerto de Iquique” había constatado tanto la “riqueza que allí existe” como “la incuria de los Gobiernos que han visto con desdeñosa mirada lo que una administración solícita e inteligente habría explotado con provecho”, y que por ello era urgente que cesara “tan punible negligencia haciendo fructuosos para el país los gastos que demanda un puerto que solo tiene de nacional hallarse en territorio peruano”³⁵.

Todo este conjunto de hecatombes implicó que la población del extremo sur del Perú tuvo que convivir, por mucho tiempo, con la sumatoria de las secuelas dejadas por el gran movimiento telúrico, la enorme salida del mar, las revoluciones y sublevaciones, la dilapidación de la riqueza guanera al amparo de una corrupción desenfrenada y la falta de un decidido apoyo estatal a la actividad salitrera. Una buena muestra de lo anterior es la afirmación de Rodrigo Núñez-Carvallo de que el lejano movimiento sísmico habría pasado inadvertido si no se hubiese sentido muy fuerte en Lima³⁶, tal como lo ratifica Enrique Silgado³⁷, causando preocupación e interés público entre los limeños de diversa estirpe respecto de su origen y consecuencias; afán del cual las autoridades políticas no pudieron desentenderse. Aún así, el enquistado centralismo limeño fue un factor relevante en la inoperancia que tuvo la gestión gubernamental en la reconstrucción de Iquique, como de los otros puertos, localidades y oficinas salitreras de la provincia de Tarapacá, al punto que transcurrido un año y medio nada se había avanzado en la construcción del muelle fiscal -comprometido a partir de las recomendaciones de Luciano Cisne- ros³⁸- como tampoco en la recuperación de los bienes inmuebles:

“Ya es tiempo que la autoridad a quién corresponda ordene cerrar los sitios que aún están en escombros por consecuencia de la inundación del nunca olvidado trece de Agosto. En las principales calles de la población hay sitios que forman muy mala vista, a más que los cercos de tablas que se han puesto, algunos están muy malos y amenazan averías”³⁹.

La visita del agente como delegado del gobierno, en una primera instancia fue recibida con profunda esperanza por parte de los iquiqueños, quienes vieron en su comisión la posibilidad de recibir la ayuda que tanto necesitaban. Así lo dejó sentir la prensa al afirmar:

“Después de las desgracias causadas el 13 de Agosto pasado, y cuando el desaliento y el temor de nuevos trastornos, tenían todavía conturbado el ánimo de los habitantes de Iquique, la palabra y la incansable actividad de la comisión presedida por el señor ministro de beneficencia Dr. D. Luciano Benjamín Cisneros, ha venido a fortalecernos y a inspirar halagüeñas esperanzas a todos los corazones. Reconstruir en el menor tiempo posible cuanto ha sido presa del terremoto y de la inundación, impedir que se prolongue indefinidamente el estado de dolorosa ansiedad en que han quedado las familias, llevar el consuelo y la esperanza a cuantos han perdido sus deudos y propiedades, ha sido la misión generosamente emprendida por el supremo gobierno, y para cuya realización no podía haberse hecho elección más acertada”⁴⁰.

Apreciación que se acrecentó cuando Luciano Cisneros afirmó que su visita a la provincia no tenía solo el objetivo de informar sobre la catástrofe, sino, también, recabar antecedentes para verificar los inconvenientes medulares que impedían que la ciudad de Iquique, y la provincia de Tarapacá en su totalidad, progresaran en lo social, a la par del crecimiento de la actividad comercial y productiva:

“Ya que cediendo a las paternales disposiciones del Supremo Gobierno me encuentro en este puerto a estudiar por mi mismo, no solo las necesidades creadas por la catástrofe del 13 de Agosto, sino también todos los ramos del servicio público; no quiero ausentarme sin llevar gran acopio de datos sobre el estado de las rentas municipales, pues me he impuesto con sentimiento de que no hay alumbrado público ni se satisfacen otras necesidades locales, lo que forma un doloroso contraste con el adelantamiento a que ha llegado Iquique, bajo el punto de vista comercial e industrial”⁴¹.

Sin embargo, las esperanzas fueron sofocadas con prontitud -quedando en evidencia el desinterés por parte del gobierno en dar solución a los principales problemas que habían conllevado el infortunio a esta región- cuando a solo tres meses del fatídico siniestro Luciano Cisneros elevó su renuncia al no ser tomadas en cuenta sus recomendaciones respecto de la necesidad más urgente de la provincia -avalada por las demandas de sus residentes- de revertir el carácter privado de la agencialidad económica y administrativa a causa de una inexcusable ausencia del Estado⁴². Un problema que hizo que las secuelas del desastre pervivieran mucho tiempo después al ser cobijadas por una matriz estable y, a la vez, muy riesgosa: la vulnerabilidad. Qué mejor indicativo de esta delicada situación, que la sentida observación del editor de El Mercurio de Iquique publicada a poco más de dos años de transcurrido el acontecimiento de agosto de 1868:

“Hace muchos años que nuestra provincia viene luchando con los inconvenientes que su posición, la naturaleza de su suelo y las circunstancias excepcionales en que se halla colocada, produce necesariamente a cada paso en la vida artificial, por decirlo así, que se ha formado, atrayendo no obstante a su seno una numerosa población, un ingente comercio y todos los elementos para un porvenir halagüeño y consolador. Empero ninguna localidad ha necesitado más que ésta que la acción protectora de los gobiernos, y del beneficio de leyes que impulsasen su desarrollo y estableciesen las bases de su mejoramiento moral y material; y entretanto ninguna tampoco de todas las divisiones políticas de la República ha sido más olvidada, por legislaturas y Gobiernos, a lo más de los cuales se han ocultado sus necesidades y las verdaderas causas de su postración y abatimiento”⁴³.

Razones no faltaron para esta apreciación, más aún cuando la recuperación fue tan lenta que todavía en 1880 se dejaban ver los vestigios del desastre⁴⁴.

La ruta de vulnerabilidad de Iquique y las Localidades de la Provincia de Tarapacá: Los factores polÍticos, sociales y econóMicos

Sin duda, las ciudades latinoamericanas han estado sometidas desde sus inicios a una condición de vulnerabilidad estructural frente a los fenómenos naturales⁴⁵, cuestión sustentada, entre otros componentes, por la preponderancia de la improvisación por sobre la planificación, el desinterés por una relación equitativa entre costo y beneficio a la hora de consignar los eventuales riesgos y, lo más importante, la reproducción inducida de la desigualdad a la hora de configurar el hábitat⁴⁶. Gilbert White hace más de cuatro décadas planteó que los desastres eran consecuencia de decisiones sociales y que el conjunto de ellas constituían la vulnerabilidad⁴⁷, noción profundizada con posterioridad y de forma crítica por Kenneth Hewitt⁴⁸. Para el contexto latinoamericano, a inicios de la década de 1990, Gilberto Romero y Andrew Maskrey definieron a los desastres como la correlación entre fenómenos naturales -terremotos, huracanes, maremotos, avalanchas, inundaciones, etc.- y determinadas condiciones socioeconómicas y materiales de vulnerabilidad -pobreza, viviendas mal construidas, ausencia de planificación urbana preventiva, incorrecta ubicación de la infraestructura habitacional, comercial y productiva, entre otras-⁴⁹.

Si consignamos el caso latinoamericano a partir de las premisas iniciales de Gilbert White, Kenneth Hewitt, Gustavo Wilches-Chaux, Gilberto Romero y Andrew Maskrey, y las acoplamos a las nuevas perspectivas que han amplificado y problematizado el concepto de vulnerabilidad hacia la combinación de factores inducidos que llevan a determinados grupos y su entorno a no poder anticipar, sobrevivir y superar el impacto generado por tanto por eventos naturales como sociales⁵⁰, no cabe duda que la vulnera-bilidad de los emplazamientos urbanos latinoamericanos ha tenido, desde el periodo colonial hasta la actualidad, una estrecha relación con el despliegue de ciertas condiciones políticas y relaciones de poder entrecruzadas con la ocurrencia -frecuente, esporádica o ambas- de lluvias torrenciales, sequías, aluviones, sismos, maremotos, entre otros⁵¹; es decir, con la construcción social del riesgo⁵². Estos fenómenos naturales, transformados en desastres sociales, en consecuencia han sido catalizadores privilegiados de los procesos humanos que han posibilitado esta conversión, además de configurar una ventana que ha aperturado la oportunidad de observarlos en razón de su época en perspectiva histórica⁵³.

Las importantes secuelas económicas, sociales y humanas que dejaron tras de sí el terremoto y el tsunami de mediados de agosto de 1868 en todo el sur del Perú, se fraguaron mucho antes de su ocurrencia al atardecer del día 13, dejando en evidencia la condición de vulnerabilidad estructural en que se encontraban tanto Iquique como los otros puertos salitreros -Pisagua y Mejillones del Norte- y las localidades del interior de la provincia de Tarapacá. Por lo pronto, se estaba en el centro de un crecimiento demográfico acelerado, descontrolado e inorgánico asociado a la propagación de las faenas de extracción de salitre que, al día de los hechos, llevaba casi una década de despliegue provocando todo tipo de inconvenientes. Además, por si fuera poco, por la acelerada expansión de la minería salitrera los tarapaqueños comenzaron a experimentar un conjunto de cambios económicos y políticos que, de manera inevitable, trajo consigo tal generación de expectativas e inquietudes que, al no materializarse por una ausencia sostenida de la agencia estatal en la zona, se terminaron canalizando con gran intensidad hacia un conjunto de reivindicaciones colectivas que estaban instaladas desde hacía mucho tiempo y que hacían referencia a la asimétrica relación sociopolítica y económica entre el aparato central del Estado peruano y los intereses y necesidades de la provincia⁵⁴. De este modo, las consecuencias de este acontecimiento de gran envergadura no solo tuvieron que ver con una calamidad que provocó muertes y destrucción de infraestructura productiva y habitacional, sino que, también, con ciertas dinámicas políticas y sociales que habían incidido en la precariedad urbana de este puerto, como en la del resto de los centros habitados de la provincia, no obstante, la cada vez mayor importancia que estos lugares estaban adquiriendo para la economía del Perú, más aún cuando ese año, además, los residentes de Iquique, como los de las otras localidades de la provincia, tuvieron que hacer frente a epidemias, lluvias por sobre lo acostumbrado para una de las zonas más desérticas del planeta, una gestión municipal precaria e indolente y una cruenta guerra civil que desencadenó resentimientos, pugnas asociadas a intereses de poder, carencias materiales y estancamiento productivo y comercial⁵⁵.

Por tanto, la vulnerabilidad de Iquique no se produjo de manera exclusiva por su surgimiento durante la segunda mitad del siglo XVIII como un asentamiento improvisado para posibilitar el abastecimiento del cercano mineral argentífero de Huantajaya, por aquella época pilar de la economía tarapaqueña⁵⁶. Evidencia de lo anterior es que, contra toda lógica, su fragilidad no fue disminuyendo con el avance de la tecnología o con el desarrollo institucional a medida que transcurría el siglo XIX, sino que, por el contrario, se fue incrementando con la complejización del espacio urbano y la concentración demográfica que se aceleró a partir de fines de la década de 1850 producto del incremento de la actividad económica y comercial impulsada por la también creciente minería del salitre. De este modo, Iquique experimentó con rudeza la imposibilidad de tener un crecimiento sostenible⁵⁷, más aún cuando su situación fue reflejo genuino de la inestabilidad del modelo urbano decimonónico impulsado por los nacientes Estados nacionales⁵⁸.

En este sentido, si seguimos la morfología transitada por las ciudades latinoamericanas desde el siglo XVI al XIX, Iquique fue presa de dinámicas sistémicas y funcionales que impidieron toda planificación. Un déficit acentuado aún más por su condición de localidad periférica, alejada de los centros de poder y, por ello, abandonada por las administraciones de gobierno. De hecho, durante el periodo colonial no fue más que un reducido asentamiento sin ninguna conformación de tipo urbano, y durante el ciclo republicano inicial estuvo por largo tiempo supeditado a la capital provincial, que era San Lorenzo de Tarapacá. Así, esta localidad costera evidenció de manera acrecentada lo que Lise Sedrez denomina un frágil estímulo a la consolidación cualititava de las ciudades latinoamericanas⁵⁹; entre ellas: la comunicación con la metrópoli, para lo cual se hacía imprescindible contar con un buen puerto protegido; la existencia de recursos naturales valiosos cercanos e integrados a la economía mundial; la concentración acelerada y desordenada de mano de obra y de residentes al ofrecer oportunidades inorgánicas de movilidad social y la llegada de los medios de comunicación, como los trenes, vinculados de manera sustancial con los sistemas productivos.

Iquique cumplía en parte estos requisitos. La comunicación con la metrópoli se dio a partir de la construcción de muelles que, no obstante estar orientados al embarque de salitre, se convirtieron en ejes de las rutas marítimas desde y hacia Lima, a pesar de que no contó, como veremos más adelante, con las condiciones necesarias de seguridad para protegerse de inconvenientes internos y externos de todo tipo. En cuanto a recursos naturales valiosos, creció en torno a la explotación de las minas de plata de Huantajaya, Santa Rosa y El Carmen durante la segunda mitad del siglo XVIII e inicios del XIX, y de la extracción del salitre a partir del decenio de 1830, lo que condicionó años más tarde el aumento exponencial de población, pasando de un pequeño pueblo de pescadores donde se congregaban “alrededor de cien almas”, entre las décadas de 1810 y 1820⁶⁰, a una localidad que llegó a tener, al menos, cuatro mil habitantes al momento del terremoto y tsunami⁶¹.

Esta dependencia de la minería fue determinante tanto para la consolidación urbana de Iquique como para la persistencia de sus males, además de marcar los ritmos de aceleración como de constricción demográfica. De hecho, entre las décadas de 1810 a 1840 perdió su capacidad de atracción a causa de la crisis de la minería de la plata y las luchas por la independencia⁶², entrando en un periodo de “declive urbano” similar al de otras ciudades de la región⁶³, un rasgo que evidenció con nitidez Charles Darwin al llegar a este puerto a mediados de 1835 y dar curso a su primera impresión, afirmando: “Nada tan triste como el aspecto de esta ciudad; el pequeño puerto con algunos barcos y su grupito de casas miserables, es por completo desproporcionado al resto del paisaje y parece aplastado por él”⁶⁴. Este panorama no cambió en nada habiendo transcurrido más de una década desde la estadía del naturalista inglés en Iquique, tal como lo evidenció un periódico limeño al comentar la necesidad de desgravar a los vecinos de este puerto considerando que era “una población nueva, sin agua potable, sin víveres y necesitar especial protección para ensanchar una valiosa industria desprovista de brazos y de otros auxilios indispensables”⁶⁵.

Es después del decenio de 1840 que Iquique comenzó a experimentar, con cierta intensidad, un primer ciclo de expansión urbana producto del incremento de la extracción de salitre a partir del interés que comenzó a despertar en el mercado mundial como fertilizante, convirtiéndose en un foco de atracción para población inmigrante, sobre todo de la zona central y del norte chico de Chile, de los valles cochabambinos de Bolivia, del noroeste de Argentina y, en menor medida, desde Europa⁶⁶. Al amparo de la intensidad que adquirió este proceso de movilidad humana, generado por la fuerte atracción que comenzó a tener la minería salitrera tarapaqueña, es que la población de Iquique, apenas despuntó la segunda mitad del siglo XIX, creció de manera vertiginosa y en un corto periodo de tiempo, lo que la hizo vulnerable ante eventuales crisis o desastres. Según los datos recogidos por el censo de 1862, la ciudad ya tenía más de tres mil habitantes⁶⁷, cantidad ratificada por el censo de 1866⁶⁸; es decir, multiplicaba de forma exponencial lo que el mencionado naturalista inglés había aproximado en 1835⁶⁹. En tanto, el censo de 1876 contabilizó un número de once mil setecientos diecisiete residentes^{70 73}, dejando en evidencia el explosivo aumento demográfico sin un correlato equivalente en la infraestructura urbana y el manejo de la higiene⁷¹.

Partiendo de la premisa ya señalada, de que las catástrofes no son naturales, sino construcciones sociales, comprenderemos a los desastres no como eventos sino como procesos que se van gestando a lo largo del tiempo hasta derivar en sucesos infaustos para las poblaciones⁷². Nuestra propuesta es que la ubicación de la ciudad, que arrancó durante la etapa de la explotación de los yacimientos de plata de Huantajaya y Santa Rosa en la segunda mitad del siglo XVIII⁷³, fue un primer factor de vulnerabilidad que se vio incrementado a partir de la segunda mitad del siglo XIX con la concentración de las actividades en tomo a la Aduana y a los muelles, producto de su designación como puerto mayor en 1855 y la posterior adjudicación de la categoría de ciudad en 1866⁷⁴; determinaciones vinculadas de modo directo con requerimientos inmediatos y cortoplacistas generados por la expansión de la industria del salitre y por las inestables coyunturas políticas, más que atendiendo a una planificación proyectada. En tanto, su lejanía de la capital peruana fue un segundo factor de riesgo, sobre todo por el desinterés de los gobiernos de la época ante los problemas más urgentes, tanto de la ciudad como de la provincia. De hecho, a poco de ocurrir el terremoto y el tsunami, la opinión pública de Iquique se preguntó, a propósito de la falta de un juez de primera instancia en la provincia: “¿Será que la circunstancia de hallarse separado de los grandes centros de población, lo pone por fuera de los beneficios sociales?”⁷⁵, delatando con ello el nivel de impacto de este componente.

Otro factor que aportó a esta vulnerabilidad fue el hecho de que la operatividad extractiva y comercial del principal recurso económico de la zona, el salitre, fuera dejado a la ley del más fuerte -bajo la lógica de una actividad productiva de gestión y riesgo de carácter privado- como resultado de la desidia estatal obnubilada por la renta guanera como mecanismo de financiamiento fiscal, generando con ello un crecimiento inorgánico de la ciudad a debida cuenta de la inexistencia de regulaciones portuarias, entre otras medidas⁷⁶.

Así, la vulnerabilidad se incrementó por los intereses particulares que se congregaron en torno a la explotación del salitre y a ciertas fortunas que, lejos de preocuparse por la seguridad y el bienestar, antepusieron sus intereses comerciales a los de la ciudad y sus residentes. Más aún cuando, por un lado, el aparato central del Estado peruano, tan alejado en kilómetros como en interés estratégico por esta región, se mantuvo al margen de lo que ocurría y se necesitaba en toda la provincia de Tarapacá hasta la promulgación de las leyes del estanco al comercio del salitre y de expropiación de las salitreras, impulsadas por el gobierno civilista de Manuel Pardo en 1873 y 1875, a razón exclusiva de la crisis terminal de la renta guanera⁷⁷. Como, por otro, que los integrantes del gobierno de la Municipalidad se ocuparan más de los negocios personales que de la actividad edilicia, logrando con ello debilitar la institucionalidad consistorial como parte de la estrategia de las casas comerciales destinada a salvaguardar el desvío de los recursos del municipio a la Aduana⁷⁸; un escenario que recién se modificó de modo parcial a partir de la llegada del delegado de gobierno Luciano Benjamín Cisneros, poco tiempo después de los acontecimientos. Como ya hemos hecho mención, mandatado por el Ejecutivo a calibrar los daños sufridos, en su cometido pudo advertir una serie de anomalías, falencias y potencialidades frenadas por estos males que, a costa de tener inconvenientes personales⁷⁹, lo llevaron a emitir juicios y apreciaciones que terminaron propiciando un tardío interés del gobierno peruano por esta alejada y desértica provincia, interés, sin embargo, adscrito a revitalizar, mediante el salitre, el nefasto rentismo minero que se venía practicando desde 1840 con el guano⁸⁰.

Entre el “Desastre Natural” y la catástrofe política

Para el fatídico año de 1868 Iquique ya era una ciudad importante, al punto de ser declarada en diciembre de ese año la capital de la nueva provincia litoral, a pesar de que todavía sufría las secuelas de lo acontecido meses antes. Una posición que le daba acceso directo a Lima, al tener rango de departamento y, por tanto, a ser encabezada por un prefecto que dependía en línea directa del gobierno central, y no por un subprefecto supeditado a la máxima autoridad del departamento de Tacna, como había venido siendo hasta ese entonces⁸¹.

Este crecimiento e importancia se dio, en buena medida, por el desarrollo paulatino de la industria del salitre a manos de productores locales y por la intervención de Ramón Castilla que, durante su primer gobierno -transcurrido entre 1843 y 1851- implementó algunas medidas, como declarar a Iquique puerto mayor, a objeto de afianzar lealtades y beneficiar a los habitantes de su tierra natal. Medidas que, sin embargo, no revirtieron el sostenido desinterés del gobierno de Lima por la más austral de sus provincias. No obstante, esta ausencia estatal no fue obstáculo para el crecimiento de las actividades productivas y comerciales, ni para el aumento progresivo de la población bajo el alero de iniciativas privadas, sobre todo de comerciantes, hacendados y mineros tarapaqueños que contaban con capital y con un genuino interés por activar la economía local.

A tal punto llegó este interés de los empresarios mineros locales -sobre todo por estar apremiados por la crisis de los yacimientos de plata- que el gobierno peruano procedió en 1828 -es decir, apenas germinaba la República- a autorizar la exportación de desmontes argentíferos de Huantajaya, y la explotación y exportación del salitre a cambio de un impuesto de 4% sobre quintal exportado, disposición que permitió dos años más tarde la expedición de más de ochocientas toneladas de nitrato hacia el mercado europeo⁸². Un impulso ejecutado, tanto en la extracción como en la comercialización, por empresarios salitreros tarapaqueños como: José Basilio Carpio, José Luza, Santiago Zavala, Eduardo Caucoto, Ildefonso Palacios, Manuel Olcay, Manuel Hidalgo, Manuel Vicentelo, Miguel de la Fuente y Carlos Carpio, entre otros; y también por aventureros sin ley y compañías extranjeras impulsadas por la iniciativa de personajes como William Bollaert o George Smith, comisionados en 1827 por el entonces subprefecto Ramón Castilla para realizar la exploración de las riquezas mineras y levantar el primer mapa republicano de la provincia de Tarapacá⁸³.

Esta dinámica, impulsada con dificultades por privados y mal rentabilizada por el naciente aparato estatal peruano, llevó a que entre 1830 y 1834 se exportaran dieciséis mil toneladas de salitre y, en el lapso de 1835 a 1839, una cantidad superior a las cincuenta mil toneladas⁸⁴. Tendencia a la alza que le permitió a Iquique, junto con la coyuntura política⁸⁵, ser declarado puerto mayor⁸⁶. Si bien perdió esta nominación al año siguiente, la recuperó en 1855⁸⁷, en el marco de una resolución dada por el resultado de la revolución liberal y el ascenso de Ramón Castilla de nuevo a la máxima magistratura del Perú en la condición de presidente provisorio. La calidad de puerto mayor le brindó a Iquique la posibilidad de franquear de forma directa la totalidad de los productos provenientes del extranjero, al evitar su paso por Arica, lo que generó un aumento de las entradas fiscales de modo notable. Mientras en 1855 la Aduana recaudó veintiocho mil seiscientos cuarenta y tres soles en derechos tributarios, en 1859 el monto ascendió a doscientos trece mil ciento sesenta y siete soles. Todavía más, entre 1855 y 1859 los ingresos por exportaciones de salitre crecieron un 59%, mientras que los provenientes de artículos de consumo se incrementaron un 744%. Del mismo modo, las importaciones recibidas por Iquique en 1859 equivalieron a más de un quinto del total nacional⁸⁸.

Este imponente crecimiento de la actividad comercial, sin embargo, no tuvo un correlato en el fortalecimiento de las instituciones locales ni se reflejó en el ordenamiento de la ciudad. Iquique era, a pesar de la bullente y febril actividad que la había situado como el tercer puerto de la República, una localidad vulnerable no solo ante los fenómenos naturales -como terremotos, tsunamis, inundaciones o lluvias torrenciales-, sino, también, a una serie de otras amenazas, como pestes, incursiones armadas de tod o tipo, carencia y costo excesivo del agua potable e incendios que, con periodicidad, se convertían en catástrofes de diversa índole e intensidad.

Debido al incremento comercial y poblacional es que los puertos de Iquique y Pisagua se transformaron en focos de atracción de diversas enfermedades que se transmitían de forma rápida. Recurrentes, entonces, se volvieron los episodios de fiebre amarilla y viruela que, por las condiciones de insalubridad existentes, se convirtieron con facilidad en epidemias. Esta precaria situación de salubridad, en consecuencia, pasó con celeridad a constituirse en un componente clave del agravamiento de los estragos dejados por el megasismo de mediados de agosto, siendo Pisagua el más afectado al ver diezmada su población por el azote de la fiebre amarilla unos pocos meses más tarde:

“Las noticias que se reciben son desconsoladoras, cada día aumenta el número de las víctimas y parece que no hay motivo todavía para creer que la fuerza de la fiebre haya disminuido. Las personas que han podido, han salido a las oficinas, de manera que la población ha quedado desierta. Los comerciantes y cuantos tienen compromisos que llenar en aquel puerto están sufriendo los mayores conflictos para el despacho de los buques, la falta de brazos es tan notable que el curso ordinario de todos los negocios se halla, si no paralizado, al menos difícil de sostener por mucho tiempo”⁸⁹.

En este sentido, a la opinión pública de Iquique le comenzó a preocupar no solo su cercanía con el puerto vecino afectado por la epidemia, sino que, también, las desastrosas condiciones urbanas e higiénicas que había dejado tanto la estela del movimiento sísmico como la violenta inundación marina. Sobre todo porque, al no ser mejoradas con rapidez, se transformaron en un caldo de cultivo ineludible para el brote o rebrote epidémico, tal como lo graficó la prensa iquiqueña a fines de 1868 al señalar que eran tales “las bestias muertas, el sargaso de la playa, las basuras que se arrojaban a la orilla del pueblo y los escombros que aun quedaban desde el 13 de Agosto”, además de la costumbre de criar los cerdos “hasta en el centro de la población”, que se recomendaba destruir los focos de insalubridad quemando los animales muertos y la basura, recogiendo los escombros y prohibiendo la crianza de cerdos en la ciudad⁹⁰.

A finales de la década de 1860, los avances de la microbiología aún no habían alcanzado a determinar el origen de las enfermedades infecto-contagiosas, pero las teorías miasmáticas imperantes insistían en la necesidad de cuidar el ambiente y aislar a los enfermos, los que terminaban recluidos en los lazaretos⁹¹. Y, si bien con estas medidas no se ponía término a los focos de infección, sí podía evitarse la propagación de la enfermedad para que no alcanzara la categoría de epidemia. No obstante, para proceder al aislamiento era necesario poder detectar la enfermedad a tiempo a través de mecanismos de control tanto a mercancías como a personas, procedimiento que involucraba la necesidad de llevar registro de entradas y salidas. En los puertos donde existía un muelle fiscal era posible, con cierto grado de relatividad, llevar este registro; pero en lugares como Iquique, donde cada compañía comercial tenía sus propios embarcaderos, el control se volvía impracticable. No por nada Luciano Benjamín Cisneros, tras su inspección, ordenó suspender la reconstrucción de los muelles particulares y sugirió la habilitación inmediata de uno fiscal⁹².

Esta falta de resguardo y control estatal en el acceso a la emergente ciudad por vía marítima también tuvo negativas consecuencias para la tranquilidad social de sus moradores, sobre todo al incidir -por la facilidad de acceso y la falta de defensa organizada- en la constante inseguridad a que se vieron expuestos a raíz de la incursión de batallones realistas o patriotas durante el proceso independentista, y de la presencia de grupos armados a causa de las numerosas revueltas y asonadas que azotaron al Perú en sus inicios como República⁹³. Incidentes que no solo terminaron alterando la vida cotidiana de Iquique, sino, también, el funcionamiento de todos los lugares habitados de la provincia de Tarapacá. Prueba de ello son, entre otros acontecimientos, el desembarco de tropas independentistas en noviembre de 1822 como parte de la expedición mandatada por José de San Martín a las costas del sur, al mando de Rudecindo Alvarado, la recuperación de este puerto en enero de 1823 por las fuerzas realistas dirigidas por Pedro Antonio Olañeta, así como el enfrentamiento de ambos bandos semanas después, el 13 de febrero, tras un nueva incursión por mar del batallón patriota liderado de nuevo por Rudecindo Alvarado⁹⁴. Del mismo modo lo evidencian el acantonamiento forzado al que se vieron sometidos el propio Ramón Castilla y sus tropas tras desembarcar en Iquique en 1843 y no poder subir hacia San Lorenzo de Tarapacá, la capital de la provincia, por la resistencia de contingentes leales a Manuel Ignacio Vivanco, el rival al que quería derrotar por hacerse de facto del cargo de Presidente directorial⁹⁵; y la escaramuza que se libró en las calles de este puerto el 26 de julio de 1848 entre las huestes de Carlos Carpió, un salitrero partidario de Manuel Vivanco, y las tropas de Ildefonso Loayza, adherentes al gobierno de Ramón Castilla⁹⁶, quien ejercía esta alta magistratura tras salir electo después de haber derrocado a Manuel Vivanco cinco años antes. También Iquique fue testigo del enfrentamiento, del 4 de abril de 1854, entre un destacamento adherente al presidente José Rufino Echenique, que se trasladó desde San Lorenzo de Tarapacá, y una unidad armada que había desembarcado días antes, partidaria de los sublevados Ramón Castilla y Domigo Elías, con un saldo de tres muertos y siete heridos⁹⁷, y del desembarco en enero de 1858 de milicias bajo la orden del general Manuel Rivas que, adherentes a la sublevación de Manuel Vivanco contra Ramón Castilla⁹⁸, aislaron al puerto de los pueblos del interior, provocando perjuicios en el comercio y abastecimiento⁹⁹. Por último, poco después sufrió la grave refriega, nada menos que en la plaza principal, en la mañana del 11 de enero de 1868, entre un batallón de tarapaqueños aliados de los sublevados José Diez Canseco y José Balta, y la guarnición leal al presidente Mariano Ignacio Prado:

“A las 2 de la mañana se rompió el fuego al lado sur de este puerto entre una de las partidas de Tarapacá y otra que destacó en esa dirección el jefe de las fuerzas de esta plaza. Sucesivamente se fueron comprometiéndose las demás facciones, y después de una hora de combate, poco más o menos, las fuerzas de Tarapacá tomaron posesión de la ciudad por dos puntos distintos. Cesó el fuego y se reconcentraron los revolucionarios en la plaza principal, dominando casi todo el pueblo […]. Repiques interrumpidos en las campanas de la Iglesia y vivas al general Canseco, a la revolución y a Tarapacá hacían comprender que los revolucionarios habían vencido. Así transcurrieron dos horas, durante ellas no se sentían sino pocos tiros de fusil. Al aclarar el día se renovó el combate con más actividad en la plaza ocupada por las fuerzas de Tarapacá. En este nuevo combate algunas piezas de artillería montadas en este Puerto, protegidas por la tropa de línea y los matriculados y colocadas en distintas boca-calles arrojaron tanta metralla sobre la plaza que fueron desalojados, después de una tenaz resistencia, las fuerza de la revolución”¹⁰⁰.

Los enfrentamientos armados, sin duda, tuvieron un impacto negativo, pero aún mayor fue la incidencia global de estas revueltas al desestibilizar los ámbitos económicos, sociales y políticos que, no importando la extensión o intensidad, terminaron de forma acumulativa provocando un daño al desarrollo de toda la provincia, sobre todo porque tras cada acontecimiento armado se hizo cada vez más costosa la recuperación. En efecto, cuando los tarapaqueños comenzaban a normalizar la vida cotidiana y con esfuerzo superaban el déficit en lo comercial y lo productivo tras cada asonada, revuelta o sedición, venía otra vez la alteración del orden que ponía las cosas en una regresión tal que se acentuaban las dificultades. Esto es lo que delató El Mercurio de Tarapacá al evaluar los resultados de la revolución de 1867, cuando en su editorial no dudó en afirmar que la alteración reiterada del orden era una de las causales más determinantes que impedía el crecimiento económico de la región:

“La tranquilidad, está volviendo en nuestra desgraciada provincia después del estado tormentoso por el que hemos pasado, y que nos ha dejado tras de sí algunas calamidades que lamentar. Los odios de partido, las sementeras de Tarapacá taladas, las oficinas salitreras paralizadas en su mayor parte, los peones dispersos dentro y fuera de la provincia, la arriería diezmada, los negocios en una condición la más difícil, y en fin los pueblos del interior son presa del más espantoso pauperismo”¹⁰¹.

Junto con la alteración de la vida cotidiana, el tema de la vulnerabilidad ante las sublevaciones e invasiones armadas tuvo otro componente, el de las contribuciones forzosas, un mecanismo muy pernicioso en lo que se refería a invertir en mejorías urbanas y bienestar de la población, ya que vaciaba de forma violenta las arcas públicas de las aduanas y los municipios, así como los bolsillos de los comerciantes grandes y pequeños. Tal como ocurrió en el acontecimiento de enero de 1868 cuando las autoridades de Iquique acordaron con la hueste revolucionaria, un día antes del enfrentamiento, el pago de quinientos pesos diarios de los fondos de la Aduana a condición que aceptaran ocho días de tregua hasta saber el resultado de la batalla de Arequipa para, de este modo, evitar el derramamiento de sangre; también en Pisagua y Mejillones del Norte, a fines de noviembre de 1867, cuando las fuerzas revolucionarias, durante la ocupación de estos puertos, impusieron una contribución al comercio de cinco mil quinientos soles en el primero y de trescientos soles en el segundo¹⁰².

Dentro de este conjunto de males, hubo dos situaciones muy complejas desde el punto de vista del desarrollo que ya hemos mencionado: el abastecimiento y costo del agua potable y el no haber un muelle fiscal. En lo primero, la crítica se centró en la incapacidad que había tenido el municipio iquiqueño desde su constitución, el 26 de agosto de 1866¹⁰³, para evitar la especulación con el precio del agua. Si bien este inconveniente fue una constante en este puerto desde su condición de asentamiento colonial, el incremento demográfico a partir de mediados de la década de 1850, debido a la expansión de la minería del salitre, intensificó la conflictividad en este ámbito, más aún siendo compañías privadas las que abastecían. Es decir, un elemento vital como el agua destinada al consumo humano en un ambiente de desierto extremo, se obtenía y distribuía sin ningún criterio social y sin considerar la variable del posicionamiento territorial en un momento en el que el Perú se estaba constituyendo en República, rodeado de amenazas políticas internas y externas. Muy por el contrario, se dejó al arbitrio de consideraciones en estricto comerciales y de carácter privado, aun a riesgo de poner en un estado de precariedad extrema a gran parte de los asentamientos humanos de la provincia de Tarapacá. Esto es lo que delata la prensa local, sobre todo al comentar los inaceptables abusos que se estaban cometiendo a pesar de que Iquique recién comenzaba a salir de la crisis tras el sismo y maremoto de agosto de 1868:

“Ignoramos por que la H. Agencia Municipal permite que los aguadores estén sacrificando al pueblo, dando ocho gamelas por seis reales, cuando no hay escasez de agua y dos o tres máquinas de destilación corriendo. Observamos que muchos se han constituido aguadores, y no puede ser de otro modo, desde que se permite semejante abuso”¹⁰⁴.

La dependencia extrema de las máquinas desalinizadoras de agua de mar o del líquido traído por barco desde Pisagua y Arica, hizo que aumentara el grado de indefensión para los residentes de Iquique ante cualquier inconveniente que impidiera la continuidad de ambas modalidades de servicio¹⁰⁵, más aún cuando el acceso era inequitativo entre los residentes con poder adquisitivo como con influencia política y la población más carenciada, debido al precio y la desigual distribución, provocando con ello que para este sector de la población este líquido era un lujo¹⁰⁶. En estos términos, no fueron pocos los episodios en que los aguadores y pobladores se trenzaron a golpes, ya sea para defender el agua que vendían o para apropiarse de ella sin pagar, lo que hizo de este servicio durante todo el siglo XIX un conflicto social agudizado de manera adicional por la frecuente mala calidad del agua que se consumía y la descarada especulación de los revendedores¹⁰⁷.

Esta deficitaria modalidad de abastecimiento de agua terminó no solo afectando el consumo doméstico de Iquique, Pisagua y Mejillones del Norte, sino, además, la capacidad de dar respuesta efectiva a los recurrentes incendios y los inconvenientes higiénicos. Lo primero, a debida cuenta de los rasgos constructivos, donde el uso de la madera predominó de forma ostensible¹⁰⁸. Así, cualquier siniestro por fuego se convertía en una amenaza latente por la virulencia que podía alcanzar, tal como lo hizo notar al ministro de Gobierno el prefecto Juan Ibarra al requerirle, a fines de agosto de 1870, una bomba de apagar incendio por el tipo de edificación erigida tras la salida del mar de 1868:

“[…] desde entonces sus edificios se han reconstruido en su totalidad de madera, incluso los que sirven de almacenes fiscales y establecimientos públicos. Esta clase de construcción, Sr. Ministro, puede facilitar el día menos pensado un incendio que, sin duda ninguna, tomará enormes proporciones fomentado por las fuertes brisas del mar, y cuyo resultado será indudablemente la completa devastación de un puerto naciente y de suma importancia para la Nación entera […]”¹⁰⁹.

Juan Ibarra no podía estar más en lo cierto con su alarmante preocupación, sobre todo por los antecedentes de devastadores incendios ocurridos antes y después de su petición. Por ejemplo, el del 17 de agosto de 1867, que consumió una manzana entera del área comercial¹¹⁰, el de 1873, que involucró la destrucción de la iglesia Matriz, y el de 1875, que arrasó veinticinco manzanas. Por si fuera poco, la condición inflamable del salitre que se depositaba en las bodegas de madera aledañas a los muelles empeoró todavía más la situación, ya crítica de por sí considerando el material de construcción utilizado¹¹¹.

En cuanto al grado de incidencia del problema del agua en la salubridad pública, un buen indicador fue la opinión del médico italiano Juan Noé, emitida tres décadas más tarde -estando ya la provincia de Tarapacá bajo soberanía chilena- sobre el uso de este recurso para el aseo personal y limpieza de espacios públicos como el método más efectivo para colaborar en la erradicación de la malaria, tarea que le había mandatado el gobierno de Chile:

“El estado higiénico de Iquique, comparativamente con el de las grandes ciudades del sur es lastimoso. Calles sucias, sin empedrado o pavimentación firme y fácil de lavar, con plagas de mosca […] y con un servicio de agua potable que es lo más deficiente por lo caro y restringido”¹¹².

Respecto al asunto de la inexistencia de un muelle fiscal, el problema se situó en el hecho de no poder fiscalizar de manera adecuada el comercio para cobrar los importes, parte de los cuales debían ir a las arcas del municipio; también en la precariedad de los muelles particulares, que los hacía tener recurrentes averías que dificultaban el cabotaje -actividad sustancial para una región donde casi todo se tenía que traer desde fuera, incluyendo los alimentos-; y en el mal uso del cobro por muellaje y en la necesidad de acentuar la presencia estatal. Así lo demandó el más importante periódico de Iquique, a fines de 1867, al dañarse por una fuerte marejada el muelle de la compañía salitrera:

“Las bravezas de mar que ha habido en estos días, han destrozado una gran parte del cómodo muelle de la Compañía de Salitres de Tarapacá, muelle que hace mucha falta desde que por él se embarcaba el que quería sin riesgo de caer al agua como sucede en las caletas o baraderos. ¿Cuándo mandará el Gobierno construir un muelle para evitar tantas desgracias y averías como tienen lugar continuamente? El impuesto de muellaje que se cobra da suficientemente para mandar construir un muelle fuerte y cómodo”¹¹³.

Luciano Benjamín Cisneros se hizo eco de este requerimiento y para ello no tuvo reparos en señalar lo inexcusable que era la ausencia de la gestión política del gobierno en esta materia, toda vez que “los dos que existen, siendo pequeños y de uso particular, no bastan a la necesidades del tráfico”; añadiendo enseguida que la “falta de un muelle fiscal ha dado origen al abuso de que las casas de comercio los construyan por su cuenta y para su uso exclusivo”¹¹⁴. Ante este escenario, tomando en cuenta la destrucción de la infraestructura portuaria que había dejado el tsunami, aprobó la disposición del subprefecto de detener la reconstrucción de los muelles particulares e impulsar la inmediata habilitación de un puerto fiscal:

“Nada es sin embargo menos conveniente, ya porque los comerciantes que carecen de recursos para construir muelles tocan inmensas dificultades para la carga y descarga de sus mercaderías, ya porque los muelles particulares, sobre los que la Aduana no puede ejercer activa vigilancia, se prestan a actos ilicitos, que no tengo porqué inculpar a las respetabilísimas casas que los usan, pero que no por eso son menos posibles el día que la deslealtad y la codicia se conjuren contra los intereses fiscales. Consideraciones tan graves me decidieron aprobar la orden dada por el sub-prefecto para suspender la reconstrucción de dichos muelles, mientras con exhibición de las respectivas licencias de cada casa, resolvía lo conveniente la autoridad suprema; pues decidido a representar la necesidad de un muelle fiscal, preeví que podía convenir al Estado levantarlo donde estaban aquellos, o suprimir estos del todo, o uniformar su construcción, o fijarles menos espacio, o dictar, en fin, cualquiera otra medida prudente y razonable. […]. Entre tanto, creo que sin lastimar en nada la libertad del tráfico, puede y debe construirse un muelle fiscal de libre uso, sin otros gravámenes que los establecidos en los demás muelles de la República. Así, el comercio y el fisco ganarán inmensamente, porque en vez de las dificultades actuales tendrá aquel todo género de comodidades para su completo ejercicio y recibirá el segundo los frutos de una actividad, que no buscará para ejercitarse las sombras de la noche”¹¹⁵.

Apelando al patriotismo, Luciano Cisneros concluía que el control de los puertos no podía estar en las mismas manos de aquellos que tenían interés en el comercio, más aún en una región tan estratégica en términos económicos como Tarapacá:

“Pero alentándolo también en gran manera la posible negligencia de los empleados y siendo obra muchas veces de criminales confabulaciones entre estos, creí indispensable hablarles el lenguaje del honor, exitando su celo para reprimir el delito. Con tal objeto me dirigí a los Administradores de Pisagua e Iquique, seguro de hallar en ambos una patriótica cooperación, que por cierto no han desmentido. Por lo demás, habiendo el Gobierno llenado una urgente necesidad declarando Pisagua puerto mayor, y facultado como se halla para modificar el sistema aduanero, así en la parte personal como en la reglamentaria, es de esperar que tanto estos puertos como los demás del Sur reciban una nueva vida. Un arancel modelado por los principios de libre cambio o exento por lo menos de las odiosas trabas del sistema restrictivo, un servicio de embarcaciones menores bien organizado para acelerar la descarga de efectos; cuadrillas de matriculados regidas por expertos y honrados jefes que no exploten al comercio; empleados verdaderamente celosos cuyo honor esté a salvo de criminales incentivos; tales son las principales necesidades que deben ser consultadas al emprender la reforma. El patriotismo presentará sus inspiraciones a los encargados de realizarlas”¹¹⁶.

Los eventuales peligros eran de todos conocidos: existencia de múltiples muelles privados por los que entraban y salían productos y personas con escaso a nulo control; deficitaria presencia estatal que redundaba en la ausencia de planificación urbana, de inversión en infraestructura pública y regulaciones sanitarias¹¹⁷; escasez recurrente en el abastecimiento de agua para riego de las calles; dependencia de un sistema de abastecimiento de agua potable frágil, inestable e inequitativo; concentración de productos inflamables en la Aduana; ubicación de la infraestructura más importante de la ciudad, como de las casas residenciales, en la primera línea de playa, entre otros. A pesar de ello, nunca se tomaron medidas contundentes para prevenir la ocurrencia de catástrofes. Por el contrario, las pocas disposiciones y realizaciones se implementaron tan débiles y tímidas que, al poco tiempo de iniciadas, caían en el olvido. Esto es lo que podemos ver en la edición de El Mercurio de Tarapacá de fines de 1868, al vaticinar que las casas que se estaban construyendo tras el terremoto de agosto no se ocuparían, por estar alejadas de la playa, denotando con ello una nefasta ecuación entre la indolencia, la falta de autoridad y las necesidades:

“En la parte alta de la población se edifica y en la pampa del Colorado y Huantaca se ha delineado una nueva población y amparados los cuadros con tablazones, por todas partes se oye el ruido del martillo. Esto quiere decir que no se ha apoderado entre nosotros el desaliento y que en poco tiempo más, nuestra población habrá reparado en mucha parte los estragos que originara la catástrofe; empero dudamos mucho que la nueva población que se ha delineado llegue a ser poblada, pues para ello se necesita que vengan pobladores de fuera y los negocios no dan lugar para ello; los vecinos de este puerto nunca podrán vivir alejados de la playa pues siendo en su mayor parte gente jornalera su propio ejercicio los llama a ella. El miedo pasará y las casas quedarán para que las habiten los zorros y lagartos”¹¹⁸.

En el tema de ordenación urbana, las decisiones de ubicar las nuevas construcciones en uno u otro lugar dependía, en la práctica, del libre albedrío de la población sin que hubiera, en apariencia, un lineamiento programático o disposiciones y reglamentos relacionados con la construcción y su emplazamiento, lo que nos habla de una muy débil presencia institucional, tanto de los organismos de gobierno como del municipio. Las leyes municipales se limitaban a señalar responsabilidades, derechos y obligaciones relacionadas con las obras públicas y el mantenimiento de las calles, así como de la dirección de su trazado y la mantención de espacios verdes, entre otras funciones, pero no hacían ninguna referencia a una planificación reguladora de la ciudad. Las únicas disposiciones específicas relacionadas con la construcción de viviendas se relacionaban con el aspecto de las fachadas de los edificios, la necesidad de cercar los solares y la obligación de ordenar la demolición de aquellos que fueran una amenaza por estar en ruinas¹¹⁹. Pero no hubo ninguna ley que impidiera la construcción o reconstrucción en lugares susceptibles de riesgos, como podían ser los cauces de los ríos, terrenos aledaños a los basurales o la primera línea de la costa. Ante esta situación, la falta de memoria de la población así como los intereses económicos y de supervivencia prevalecieron sobre la seguridad y bienestar de la comunidad costera urbanizada.

En general, la presencia de la Municipalidad fue muy limitada. Como podemos comprobar en el Reglamento de Municipalidades promulgado por el presidente Mariano Ignacio Prado en 1866, la mayoría de sus atribuciones se centraron en el cuidado de la higiene y la salubridad, siendo el agua y su conducción por acequias, cañerías o aguateros uno de los rubros más importantes que debía regular, fiscalizar y, si cabía, operar¹²⁰. En el caso particular de Iquique, dada la condición de extrema aridez de la zona, como vimos, el abastecimiento de este líquido fue siempre un asunto delicado para la autoridad consistorial en consideración de su costo, puntos de captación e impacto socioeconómico. Desde la necesidad de traerla en buques cisterna a inicios del siglo XIX, pasando por incentivar a partir de la década de 1840 la instalación de máquinas desalinizadoras por parte de empresarios privados, hasta el interés de impulsar a inicios del decenio de 1870 -primero mediante un proyecto privado en concesión y luego a través de una propuesta fiscal- una aducción que captara el agua ya sea en el oasis de Pica u otros puntos de la precordillera o el altiplano, fue siempre un tema muy problemático y pábulo de diferencias políticas¹²¹.

En estos términos, fue recurrente que el municipio de Iquique se quejara de modo recurrente por la carencia presupuestaria para hacer frente a las cuestiones del día a día, mucho más para enfrentar las cuestiones extraordinarias. La falta de recursos fue, de este modo, una constante que dio sustento a las críticas sobre la poca presencia del Estado peruano en este puerto, como a la amplificación de las reivindicaciones regionalistas sobre la base de la idea del abandono y del despojo¹²². De este modo, los reclamos no tardaron en replicarse a propósito de señalar que el problema no era la falta de recursos monetarios, sino que los beneficios derivados de la explotación del salitre no se reinvirtieran en la provincia y se llevaran de manera irresponsable a Lima. Así lo evidencia un alegato aparecido en la prensa limeña mucho antes del terremoto y tsunami:

“Iquique ni tiene agricultura, porque la naturaleza le negó el agua pluvial y la de regadío, no tiene comercio porque pertenece a una provincia despoblada y distante de las que alimentan el tráfico, no tiene capitales para hacer producir las minas que abundan en sus cercanías, no tiene manufacturas porque no las hay en ninguna parte del Perú; no tiene más que el salitre, y si la explotación de éste no ofrece a sus habitantes con que mantener una pobre existencia, irán a buscar a otro suelo el alimento que no puede darles aquél en que nacieron. [Por ello es perentorio] recabar del Congreso que cualesquiera cantidades que pague el salitre, se inviertan en empresas hidráulicas de la provincia que lo produce”¹²³.

Estas viejas reivindicaciones cobraron fuerza con la catástrofe de agosto de 1868, la que fue entendida como el detonante para reactivar una serie de reclamos al gobierno central, no solo por el tema de las responsabilidades políticas, sino, también, por la oportunidad que una situación como esta brindaba a los damnificados para ser, al menos, escuchados. El punto neurálgico de la cuestión apareció señalado de manera explícita a fines de ese año, al afirmarse que las “circunstancias excepcionales en que se halla la provincia después de las desgracias que ha sufrido, bien merecen llamar la atención de su Municipalidad para que recobre de la Aduana lo que legítimamente le pertenece”¹²⁴.

Como ya hemos mencionado, esta denuncia concreta iba, por una parte, contra la Aduana que se aprovechaba de manera indebida de ciertos ingresos que por reglamento debían destinarse a la Municipalidad y que, sin embargo, eran remitidos a la capital del país, perjudicando al gobierno comunal iquiqueño. Por otra, estaba dirigida a la propia alcaldía por permitir este abuso por largo tiempo, al actuar con imprudencia coludiéndose con la repartición aduanera:

“Más de 20 años hace que en la Aduana de este puerto se cobran por las mercaderías que se importan un derecho especial, además de los derechos generales que impone el arancel bajo el nombre de arbitrio municipal. Las diferentes leyes reglamentarias de Municipalidad, la de 1866, la que rije actualmente de 1861, y hasta el objeto con que se impuso ese derecho, declaran, que su recaudación e inversión corresponde a las municipalidades […]. ¿Por que las diferentes municipalidades de la provincia no han hecho en tan dilatado tiempo las gestiones que les corresponde, para recibir el importe de esos arbitrios y aplicarlo al adelanto local, a la construcción de obras materiales de que tanto necesita? En la esfera de las obras materiales y concretándonos, por ahora, solo a este puerto, se siente la necesidad de escuelas, de instrucción, de un panteón, de ferrocarriles de sangre que faciliten las transacciones del comercio, de un hospital, de alumbrado público, etc. Cuando en nombre de estas necesidades se habla contra la inercia de las corporaciones municipales, de ordinario se escolla con la falta de fondos. Si se trata por ejemplo de construir un lazareto que sirva en los casos de fiebre amarilla o de otras enfermedades epidémicas, se recurre al gobierno como la única fuente de donde pudiera proveerse de fondos. Mientras tanto, la municipalidad de la provincia tiene una entrada de 4 a 5 mil pesos anuales como producto de los arbitrios, y sin embargo se queja de falta de fondos siempre que se trata de alguna obra de utilidad pública. Deja impacible que la Aduana perciba esos fondos que le pertenecen y con cuyo producto habría podido satisfacer ampliamente las exigencias locales, desde las obras de beneficencia y de instrucción hasta las de comodidad y ornato público. Las circunstancias excepcionales en que se halla la provincia después de las desgracias que ha sufrido, bien merecen llamar la atención de su Municipalidad para que recobre de la Aduana lo que legítimamente le pertenece. […]. Ninguna ocasion más oportuna para este objeto que la actual. No aprovecharla sería la falta de espíritu público en la corporación municipal”¹²⁵.

Con respecto al asunto de los arbitrios, el ministro Luciano Benjamín Cisneros, con la agudeza de quien tenía experiencia en la administración de gobierno, no solo apuntó a la recaudación desviada hacia las arcas del presupuesto nacional -donde con regularidad la prensa local puso el acento a causa del debate político-, sino en el uso de las rentas municipales, claro reflejo del impacto de este problema en las condiciones de vulnerabilidad de Iquique y los demás puertos y localidades de la provincia. Así quedó reflejado en la solicitud, ya mencionada, en la que se declaró como una pésima sorpresa la falta de adelantos, como el alumbrado, en una ciudad que había alcanzado ya cierto desarrollo debido al auge del salitre:

“Espero pues que penetrándose Usted del protector espíritu que anima al Smo. Gobierno, me trasmitirá en el acto un cuadro completo del estado de las rentas, diciéndome si también aquí se comete el doloroso abuso de no rematar los ramos municipales, a pesar de los terminantes prescripciones de la ley”¹²⁶.

El problema de los arbitrios, agudizado por la crítica situación tras el sismo y maremoto, puso como nunca en el tapete la larga discusión sobre el funcionamiento del municipio, tanto el de San Lorenzo de Tarapacá como el de Iquique, como una instancia de gobierno local precaria, ausente y hasta corrupta¹²⁷. Ya a inicios de 1861, el decano de la prensa local decía con sarcasmo no saber si había “Municipalidad en este puerto, porque no suena ni truena, como dicen”, agregando que “ninguna medida de sus atribuciones vemos que se haga sentir”¹²⁸; apreciación que reiteró meses más tarde al preguntar de forma tajante: “¿Hay Municipalidad o no?”, argumentando enseguida: “Hacemos esta pregunta porque no vemos ningun acto que acredite su vida, y antes por el contrario, hemos visto publicar bandos por la autoridad política referentes a baja policía, cuya atribución es de la Municipalidad”¹²⁹. La lista de inconvenientes que incrementaban la precariedad de Iquique, y cuya solución le correspondía a la alcaldía, fue extensa e intensa: calles sucias, basurales cerca de la población, perros vagos, ebriedad y delincuencia, mala iluminación, falta de policías, caminos malos, aguas sucias, inexistencia de lazareto y botica, carestía de médicos y jueces, muy pocas escuelas y mal implementadas, entre otras muchas deficiencias¹³⁰.

Concentradas las denuncias en la incompetencia de la Municipalidad y el abandono gubernamental, todo lo señalado en la prensa iquiqueña tuvo que ver con una cuestión más estructural y amplia que la apropiación de fondos por parte del gobierno central. En concreto, los reclamados ingresos provenientes de la venta del salitre y que eran capturados por la Aduana y destinados a Lima, no suponían una gran cantidad en comparación con lo que estaba ingresando a las compañías salitreras por su explotación y comercialización. Tampoco lo era el monto implicado en el arbitrio municipal procedente del cobro a las importaciones, esto es, lo que se consumía en la ciudad y se traía de fuera porque no se producía en la provincia, ya que el grueso de las utilidades generadas por la precaria fiscalización destinada al pago de los impuestos iba de forma directa a las arcas de las grandes compañías comerciales. Es decir, la carencia de recursos por parte de los organismos públicos en la provincia de Tarapacá para ejecutar obras de adelanto era consecuencia tanto de lo que se llevaba el aparato central del Estado peruano -en manos de la oligarquía limeña- como de lo que se iba a los bolsillos de los empresarios salitreros y casas comerciales por el paupérrimo control que ejercían la Aduana, el municipio y la subprefectura -prefectura más tarde- dada la precariedad material y operativa que tenían, todo lo cual se coronaba, qué duda cabe, por la indolencia de los funcionarios políticos y los frecuentes actos de corrupción de todas las partes involu- eradas¹³¹. Con toda probabilidad, la matriz de este feble y reprochable actuar de los funcionarios municipales tuvo que ver, en primer término, con la débil institucionalidad de la repartición edilicia, la que estuvo sujeta a los vaivenes políticos y a los dictámenes del bando triunfador; siendo prueba de ello la acusación judicial que se hizo efectiva el año de 1873 en contra de Manuel Almonte Vigueras, líder tarapaqueño de los revolucionarios opositores al derrocado presidente Mariano Ignacio Prado, por apropiarse de los dineros recaudados en Iquique en 1868 tras ser nombrado como prefecto, como la destitución definitiva del primer alcalde, Guillermo Billinghurst Agredo¹³², por tenerse sospecha de que había participado a favor del bando gobiernista en la batalla del 11 de enero de 1868¹³³. En segundo lugar, por las exiguas condiciones que se pedían para ejercer el cargo y su carácter honorífico, lo que provocó que quienes pudieron o quisieron asumir como síndicos o regidores fueran, sobre todo, empresarios y comerciantes extranjeros, como Fernando Corssen, Carlos Lafrenz y Jorge Hilliger; es decir, individuos con intereses económicos y políticos comprometidos o dispuestos a generar dinero mal habido al no tener remuneraciones. A lo que se le agregó, en tercera instancia, una lista de desafíos e inconvenientes tales como: alta exigencia de trabajo y dedicación, el poco respaldo de los residentes, la carencia de un presupuesto consolidado y suficiente y el poco interés en ser funcionario municipal al carecer los cargos de asignación salarial.

Con toda seguridad, el delegado Luciano Benjamín Cisneros aquilató este inconveniente estructural y sistémico a la hora de informar al Congreso las recomendaciones y conclusiones a las que llegó al término de su cometido en la zona siniestrada, las que le trajeron -como ya comentamos- ciertos inconvenientes con algunos legisladores¹³⁴. De hecho, tras consultar a la Municipalidad y a los diferentes responsables políticos de la provincia, llegó a la conclusión de que la única manera de solucionar la pobreza urbana y social del puerto de Iquique y de las demás localidades de la provincia era abolir la explotación y la comercialización privada del salitre y, a cambio, crear un estanco que posibilitara al gobierno controlar la venta y el valor de este fertilizante salino para, de este modo, generar ingresos suficientes de manera de poder, por un lado, destinar una porción relevante a obras de adelanto públicas en Tarapacá y, por otro, aportar a las arcas fiscales generales¹³⁵. Un planteamiento que basó en su convicción de que las mejoras de Iquique no vendrían de la recuperación del arbitrio o de la inversión de los impuestos del salitre en la región dado que, bajo estas modalidades, el Estado peruano no ganaba mucho, puesto que el negocio estaba monopolizado por unas pocas casas comerciales, las cuales se habían instalado sin pagar siquiera por la tierra cercada para la explotación:

“Quiero hablar del Salitre, que ocupando inmensas llanuras, es hoy objeto de una explotación activa e incesante, de que la Nación sin embargo nada aprovecha. Iquique es un puerto de que no se tiene aquí perfecta idea¹³⁶. […]. El movimiento de la industria y del comercio es de prodigiosa actividad, bastando saber que hay ocasiones en que surcan la bahia numerosos buques de alto porte, y que la exportación del salitre pasa del millon y medio de quintales desde el 1° de Enero hasta el 30 de Setiembre del presente año; por manera que vendiéndose el salitre en Valparaíso al término medio de 20 reales el quintal, Iquique ha hecho en siete meses una exportación de tres millones de pesos, cifra notablemente fuerte comparada con la exportación de los demás puertos de la República. Pues bien: esta riqueza de tan fácil y seguro expendio que se pierde a la vista ocupando millares de leguas, que explotada por cuenta del Gobierno sería una de las más pingües rentas nacionales, que no ha menester grandes y fabulosos capitales ni tiene que buscar mercados lejanos para su venta, puesto que estas se realizan en Valparaíso, está entregada a la acción de unas cuantas casas de comercio, que deben no pequeña parte de su fortuna a tan privilegiado y productivo artículo. ¿Por qué no establece allí el Gobierno un banco de habilitación con seis millones de pesos, dando a mil familias nacionales el provecho de un trabajo perseverante y honroso? Por qué, licenciados los jefes y subalternos de nuestro numeroso ejército, no van allí protejidos por el Gobierno y a la sombra de ese banco a buscar un pan seguro, una industria útil que labre el porvenir de sus hijos? ¿Por qué el gobierno no beneficia por su cuenta esos inagotables manantiales de riqueza, que no se diferencian del guano sino por el mayor trabajo que demanda su explotación? Preguntas son estas que saltan a los labios al visitar el bellísimo puerto de Iquique, donde con datos de la Aduana, informes de los empleados y verídicas narraciones he podido formar concepto tanto de la riqueza que allí existe, cuanto de la incuria de los Gobiernos que han visto con desdeñosa mirada lo que una administración solícita e inteligente habría explotado con provecho”¹³⁷.

Esta aguda observación de Luciano Cisneros no se quedó en lo económico. De igual modo aquilató el peso de la variable política sobre la condición periférica que tenía Ta- rapacá, responsabilizando de forma directa a los gobiernos de que esta apartada región no estuviera integrada de manera plena a la nación, un rasgo que a su parecer era lo que había puesto en evidencia, con mucha rudeza de paso, el sismo y posterior maremoto. Entonces, no dudó en señalar que ya era tiempo:

“[…] de que cesara tan punible negligencia haciendo fructuosos para el país los gastos que demandaba un puerto que solo tiene de nacional hallarse en territorio peruano. Para ello el gobierno ha comenzado por suprimir el vicioso sistema de adjudicaciones por estacas, según el cual una foja de papel convierte a cualquiera en dueño de millares de leguas de salitre. Siguiendo en esta materia las leyes que se rigen en la minería para la posesión de minas sin labor, se hacen peticiones exageradas sin abonar al fisco la más pequeña suma siquiera en reconocimiento del dominio y sin que el respeto por iguales peticiones de quienes pueden poner un inmediato y bien sistemado trabajo, sea parte a contener la insaciable avidez de los solicitantes”¹³⁸.

Si bien el diagnóstico de Luciano Cisneros ratificó y dio sustento a los planteamientos regionalistas de los tarapaqueños referidos al abandono estatal, en lo medular, su perspectiva siguió estando ligada al rentismo minero, cuestión no menor a debida cuenta de la política impulsada por el gobierno civilista para hacer de la explotación y venta del salitre una continuidad del modelo aplicado al guano como mecanismo de financiamien- to fiscal. Claro que en el pensamiento del delegado, el papel del Estado tenía que ver con afianzar el vínculo de Tarapacá a la formación de la nación, atenuando el centralismo limeño, y no con seguir usufructuando de sus riquezas naturales con altos grados de facilismo¹³⁹.

Conclusiones

Heraclio Bonilla afirmó hace más de treinta años que el siglo XIX fue para el Perú un “siglo a la deriva”, queriendo señalar con ello que todo ese tiempo experimentó el mayor de los desastres de carácter político y económico al depender el país de la renta guanera que, en gran parte, fue a parar a los bolsillos de la oligarquía limeña y de los concesionarios europeos¹⁴⁰. En estos términos, Iquique, ubicado al extremo sur del territorio peruano, también sufrió durante la centuria decimonónica su propio naufragio, solventado en una correlación -inversamente proporcional- entre un ejercicio privado del motor de su economía -el salitre- y la ausencia persistente del Estado, una composición asimétrica delatada con nitidez en 1861 -es decir, cuando la minería salitrera ya había alcanzado cierto dinamismo- por el subprefecto Joaquín Luna, al informar a su superior jerárquico que, en cuanto a la ejecución de obras públicas, solo podía señalar que “por ahora no se trabaja ninguna”¹⁴¹.

De esta manera, el sismo y la violenta salida de mar de mediados de agosto de 1868 se concibió como una estación más del desastre sistémico que abrumaba no solo a los iquiqueños, sino, también, a todos los residentes de la provincia de Tarapacá, y que no tenía relación exclusiva con el comportamiento de la naturaleza, sino, más bien, con una secuela condicionada por los desenfrenados cauces sociopolíticos que, en estricto, atormentaron a todos los peruanos durante la formación de la República. De hecho, se podría consignar, con precaución por cierto, que este megasismo y maremoto que afectó a todo el sur del Perú a mediados del siglo XIX, y que tuvo alcance en otros lugares del planeta, apenas fue una piedra en el camino si se toman en cuenta los costos sociales y humanos que pagaron los peruanos a lo largo del siglo XIX a consecuencia del escarpado camino que tomó la formación del Estado-nación. Entre ellos, la gran cantidad de muertos por las malas condiciones de seguridad laboral en las faenas de construcción de los ferrocarriles, por las epidemias a causa de la mala higiene de las ciudades y por las frecuentes asonadas y revoluciones.

La relación entre “desastre natural” y desastre socio-político, de este modo, fue un recurso constitutivo y vinculante de la opinión pública tarapaqueña, entendiendo que el sismo y tsunami de 1868 constituyeron una amenaza más entre otras tantas -como la carencia de agua, la precariedad de la gestión municipal y las revueltas-, que, incluso, llegaron a ser más peligrosas por su frecuencia. Así lo estimó el corresponsal iquiqueño del periódico limeño El Nacional, al afirmar, un mes y medio más tarde de la fatídica fecha: “Entre los pueblos que más han sufrido en sus intereses, a consecuencia del terremoto, está Iquique”; sin embargo: “No ha alzado la voz para quejarse ni para pedir socorro, pareciendo haberse resignado con su infortunio” a pesar de que su problema más sustancial es la “incertidumbre” y “crisis” a la que está “constantemente expuesta” por “los vaivenes de la política”¹⁴². Relación entre naturaleza y política que, un año más tarde, la reiteró el editor del decano de los diarios de Iquique:

“Han pasado los días anunciados para grandes terremotos, y afortunadamente ninguna desgracia tenemos que lamentar. No obstante, hay ahora, otra alarma, no menos perniciosa que la que causaron las predicciones; se teme la alteración de la paz pública, como si la rebelión armada fuera el medio eficaz de resolver todas las cuestiones sociales que tienen en ansiosa expectativa a la república toda”¹⁴³.

No deja de llamar la atención esta opinión, tan asentada entre los tarapaqueños, relativa a que los desastres más relevantes que sufrieron durante este periodo no fueron las manifestaciones irruptivas de la naturaleza, sino la inestabilidad política y la manera inequitativa de como se administraba el país. Aspectos que, de forma adicional, provocaron una desvaloración en los palaciegos pasillos limeños del potencial que podía aportar esta remota zona al desarrollo del Perú, desvaloración que fue revertida muy tarde, al no advertirse la conflagración que se aproximaba y que le costó a este país la pérdida de Tarapacá y de la riqueza salitrera a perpetuidad. Ya en 1861, a propósito del encarecimiento de los víveres por los altos impuestos que se debían pagar al no ser Iquique un puerto mayor, se hizo alusión a este menoscabo, al solicitarle al presidente Ramón Castilla -oriundo de esta región, y que estaba en su segundo mandato constitucional- que tendiera “su mano filantropica sobre esta desgraciada provincia y la liberte en parte de la espantosa miopía [gubernamental] que la devora”¹⁴⁴. Molestia que tuvo una dura réplica en 1870 a propósito de la discusión sobre otorgarle o no la concesión de terrenos salitreros a la Compañía Hermanos Montero, aduciendo que aquella riqueza salina era un bien fiscal y, por tanto, no se podía entregar en exclusividad¹⁴⁵, demostrando con ello la continuidad de este delicado embrollo:

“¿Qué protección hemos recibido del Gobierno durante los últimos 40 años que se trabaja el salitre? ¿Qué protección que puede impulsar una industria que ha dado tanto renombre al Perú y que ha sido objeto de tantas investigaciones en la potencias estranjeras? La provincia de Tarapacá aislada y completamente abandonada a su propia suerte, sin protección de ninguna especie, y al contrario constantemente vejada ha tenido que vencer infinidad de escollos, que se ponían en su camino al progreso, luchando hasta con la misma naturaleza, […]”¹⁴⁶.

Por si fuera poco, la persistente convulsión política amparada en rivalidades locales conectadas con las dinámicas nacionales, aportó su parte en esta percepción, si es que la decidida constatación de que lo que ocurrió esa tarde del 13 de agosto de 1868 fue una manifestación de la naturaleza que dejó evidentes daños materiales, pero que el desastre a gran escala se anidó tanto en las condiciones socioeconómicas y políticas como en la precariedad acumulada producto de las violentas asonadas y guerras civiles, que no solo provocaron durante varias décadas enormes pérdidas humanas, sino, también, deterioros materiales de todo tipo. Entonces, la violencia política decimonónica diseminada por todas las provincias del sur, además de interrumpir la consolidación del proyecto republicano del Perú, frenó toda posibilidad de adelantos en las ciudades, pueblos y caseríos, al ser pábulo de reiteradas invasiones, saqueos y destrozos por parte de la tropas beligerantes, generando con ello daños a la economía como, a la vez, obstaculizó toda posibilidad de llevar a cabo algún grado de desarrollo urbano vinculado a un mínimo de planificación.

En lo tocante al caudal que adquirieron los acontecimientos de agosto de 1868, en referencia a la vulnerabilidad de Iquique, el ejemplo más palpable de las condiciones preexistentes que amplificaron sus efectos fue el de la mermada e ineficiente gestión municipal. Pues bien, esta contrariedad no solo tuvo vinculación con la negligencia y corrupción de las autoridades y funcionarios consistoriales, sino, por sobre todo, con la rivalidad entre los tarapaqueños y los iquiqueños como resultado de la disputa por ser la sede de la capital administrativa de la provincia litoral, que se demandó desde mediados de la década de 1850¹⁴⁷. Esta pugna provocó, al depender Iquique de la Municipalidad de San Lorenzo de Tarapacá por varios años¹⁴⁸, un intencionado abandono por parte de las autoridades residentes en la localidad que era, hasta ese momento, la sede de la administración provincial, con el propósito de tomar ventajas mediante la precarización del puerto. A esto se sumaron las propias incapacidades de los ediles iquiqueños en los tiempos acotados que funcionaron con autonomía. La prensa iquiqueña hizo esta nítida distinción, a los pocos meses de ocurrido el sismo y posterior tsunami, al dirigir sus críticas más ácidas a los ediles tarapaqueños como causantes de los déficits de la reconstrucción y de las carencias preliminares que incrementaron el impacto de este desgraciado acontecimiento:

“Hay además, entre las instituciones sociales un poder que resume en si todos los adelantos de una localidad. Independiente en su acción y sin más responsabilidad que la ley estima, su misión es elevada como todo lo que interesa a la felicidad del pueblo. Es el poder Municipal. Muchas veces ha dejenerado de su origen y falseado sus fines para servir a los propósitos de la política […]. En la provincia, desgraciadamente con raras exepciones, la historia de la municipalidad no ofrece sino la más amarga decepción, ya por la indolencia que ha caracterizado sus actos o por los abusos que han refluido contra el pueblo mismo a cuyo servicio debe consagrarse. Recuérdese lo que acaban de sufrir los pueblos de este litoral […]; ¿qué ha hecho la Municipalidad de Tarapacá a cuya jurisdicción pertenecen los pueblos aflijidos? […] Hemos sido desgraciados en nuestro propósito porque la Municipalidad de Tarapacá no ha sacudido la pereza en que se mantiene”¹⁴⁹.

Esta pugna local, agudizada por los perturbadores vaivenes políticos de alcance nacional, fue un nítido reflejo de la pésima gestión de los distintos gobiernos, incluyendo los de Ramón Castilla, para con esta zona. Por lo mismo, el problema que enfrentó Iquique, pero también los otros puertos, oficinas salitreras y localidades del interior con distintas intensidades, no fue resultado estricto del terremoto y posterior tsunami sino que, por el contrario, la vulnerabilidad le vino por la ausencia de un modelo de crecimiento urbano impulsado por el Estado peruano a razón de consolidar la soberanía territorial y el fortalecimiento de la identidad nacional entre los habitantes de este alejado e inhóspito territorio.

Así, la apuesta de las distintas administraciones del Estado peruano -al estar tanto obnubiladas como corrompidas por la riqueza guanera- de mantener la explotación del salitre tarapaqueño como una empresa privada, con escasa regulación y con una presencia agencial de su parte más que mínima, terminó impulsando el desplazamiento de lo acontecido en agosto de 1868 desde un fenómeno de la naturaleza a un desastre político- social.

Tras este análisis, podemos concluir que la virulencia de los efectos del terremoto y el tsunami que padeció Iquique, a pesar de no estar situado en la zona del epicentro, se debió a tres razones estructurales asentadas en variables no adscritas de forma directa a la intensidad que alcanzó esta manifestación de la naturaleza durante el atardecer del 13 de agosto de 1868. Primero, el lugar donde se asentó, es decir, su ubicación respecto del acceso al recurso más determinante para hacer viable cualquier asentamiento humano, sobre todo si se está en un desierto extremo. En efecto, al estar alejada de fuentes de agua potable, de manera inevitable fue pábulo de un caldo de cultivo muy fértil para la generación de epidemias y otros males afines, lo que derivó en una persistente vulnerabilidad que terminó afectando el tejido social y la precariedad de su hábitat, sobre todo de los más pobres. Segundo, su funcionalidad extrema a las necesidades de la minería del salitre, que llevó a que tanto su área residencial como la comercial y productiva estuvieran en la primera línea de playa, sin ningún tipo de diseño o planificación que previera no solo la posibilidad de un tsunami, sino, por sobre todo, las secuelas regulares que dejaban las marejadas cada vez que ocurrían; entre ellas, daños a las máquinas desalinizadoras, bodegas, viviendas, casas comerciales, edificios públicos, entre otros. Cuestión que se intensificó con la migración masiva y desregulada de hombres y mujeres atraídas por la riqueza salitrera desde mediados de la década de 1850. Tercero, la debilidad en recursos preventivos y reactivos ante la crisis. Esta debilidad fue fruto no solo de un olvido sistemático por parte del gobierno central respecto de su territorio más meridional, sino, también, resultado de la conducta de las élites locales que negociaron con la precariedad social de Iquique para obtener privilegios y utilidades políticas y económicas.