I. INTRODUCCIÓN

Este artículo analiza la situación de la política en el Perú en el año 2022. Se enfoca en evaluar el estado de la democracia a partir del análisis de hechos y resultados significativos ocurridos ese año, sin abandonar la reflexión sobre los procesos de más largo aliento en los que se inscriben, para así esbozar una explicación. El 7 de diciembre del 2022 el Perú fue noticia internacional (Infobae 2022b) por la acelerada sucesión de hechos que condujeron al colapso de la democracia, por acciones directas de sus instituciones principales de gobierno. La democracia peruana implosionaba y todo se transmitía en tiempo real. Pocas horas separaron el discurso de autogolpe de Pedro Castillo, su detención, el proceso exitoso de vacancia presidencial, la asunción de mando de la primera presidenta del Perú y el estallido social. En pocos días el país entró nuevamente en un proceso de transición, esta vez, autoritaria.

La gravedad de los acontecimientos es indiscutible: el enfrentamiento cíclico entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo que venía produciéndose desde el año 2016 ( ^{Paredes y Encinas 2020} ; ^{Dargent y Rousseau 2021} ; ^{Barrenechea y Encinas 2022} ; Ilizarbe 2022b) finalmente desembocó en una victoria del Legislativo y abrió la ruta del desequilibrio de poderes en un sentido que contradice la tradición presidencialista fundada con la república, 200 años atrás, y altera los principios básicos de la democracia de la separación y el equilibrio de poderes. Ese desbalance se ha producido en beneficio de una alianza conservadora que agrupa al Ejecutivo de Dina Boluarte, el Congreso, y el Tribunal Constitucional designado por éste ( ^{Tanaka 2023} ), con el concurso de las Fuerzas Armadas y policiales y las élites empresariales. Esta alianza conservadora instituyó un gobierno autoritario que no opera en los marcos normativos del régimen democrático respetando los derechos humanos ( ^{Burt 2022} ; ^{Tanaka 2023} ; ^{Ilizarbe 2023} ) y que no logró legitimidad social. Por el contrario, la reacción inmediata fue una insurgencia popular exigiendo la caída del gobierno y la convocatoria inmediata a elecciones generales, y posteriormente un referéndum para una asamblea constituyente. La respuesta del gobierno fue una feroz represión que ocasionó decenas de personas muertas y centenares de heridos. Así, el país entró en una transición autoritaria de final impredecible al cierre de este artículo.

¿Cómo llegó el Perú a esta situación?, ¿qué sucesos en el año permiten entender la trayectoria del colapso?, ¿qué factores estructurales más allá de lo coyuntural permiten explicarlo? Estas preguntas se abordan en tres partes. En primer término, se analiza la dimensión socio-económica en la que la pandemia siguió haciendo sentir sus efectos sobre la desigualdad histórica del país, exacerbándola. Paradójicamente, el colapso institucional y el estallido social ocurrieron en un año de recuperación financiera y crecimiento macroeconómico. En segundo término, se analiza la dimensión político-institucional poniendo el acento en la dinámica de enfrentamiento entre los poderes Ejecutivo y Legislativo y su impacto en la institucionalidad democrática. Se sigue de cerca el quiebre de un círculo vicioso visible claramente desde el 2016 y el gobierno de derecha de Pedro Pablo Kuckzynski. En tercer lugar, se analiza la dimensión social y la respuesta popular que cristalizó en el estallido social. El artículo cierra con el desarrollo del argumento formulado en respuesta a las preguntas planteadas.

II. EL CONTEXTO ECONÓMICO Y SU IMPACTO SOCIAL

El 2022 fue un año de recuperación económica, continuando la tendencia establecida en el 2021 (Barnechea y Encinas 2022). Sin embargo, los efectos sociales y económicos de la pandemia, luego de la gran recesión del año 2020, aun se hacían sentir. El grave impacto socio-económico de la pandemia en el Perú, bastante mayor que en otros países, se explica porque se desarrolló como una sindemia, es decir, una interacción entre la enfermedad y condiciones preexistentes determinadas por factores políticos, sociales y económicos más amplios, que multiplicaron sus efectos (Singer et.al. 2017; ^{Mendenhall 2020} ). La interacción entre la desigualdad instalada y la letalidad del coronavirus potenció la mortalidad y en pocos meses el país tuvo la tasa más alta del mundo. Entre marzo del 2020 y abril del 2023 en el Perú fallecieron 220,085 personas por Covid-19; la gran mayoría durante el primer año de pandemia y antes de la vacunación ( ^{Ministerio de Salud 2023} ). El número de personas fallecidas durante la pandemia triplica largamente el número estimado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación de personas muertas durante el conflicto armado interno peruano, en las dos últimas décadas del siglo XX (Comisión de la Verdad y Reconciliación 2003).

Hubo un factor adicional a considerar: para controlar la pandemia el país optó por un modelo de control sociopolítico autoritario instituido bajo declaratoria de Estado de Emergencia Nacional, prorrogada por decretos supremos una y otra vez hasta octubre del 2022, aunque la declaratoria de emergencia sanitaria continuaría hasta febrero del 2023. ¹ La instauración del Régimen de Excepción por dos años y medio, con las correspondientes restricciones de derechos fundamentales y ampliación de atribuciones para las fuerzas policiales y militares, significó la prolongación de la lógica de la “mano dura” a nivel nacional, pero no pudo evitar que el virus diezmara a la población. Los niveles extremadamente altos de trabajo informal, las persistentes desigualdades sociales y económicas, la corrupción instalada en el Estado y décadas de descuido estatal del desarrollo social e infraestructural —en particular, el sistema de salud pública, el sistema de educación básica y el sistema de protección social—explican por qué el Perú fue el país que menos capacidad de protección social tuvo en América Latina (Blofield, Giambruno y Filgueira 2020: 18).

Así, la pandemia expuso tensiones importantes entre las apremiantes necesidades sociales y el funcionamiento de los sistemas político y económico. La inercia de una agenda neoliberal de treinta años, siempre centrada en el déficit fiscal, las tasas de inflación y el crecimiento macroeconómico en detrimento de la inversión social pesó mucho en la disposición del gobierno a subsidiar a las empresas a través del programa Reactiva Perú, y en contraste, con su resistencia a otorgar salarios a los trabajadores suspendidos o indemnizaciones cuando fueron despedidos (Blofield, Giambruno y Filgueira 2020: 47). La incapacidad del Estado peruano para manejar la emergencia de salud pública dio paso a una profunda crisis socio-económica que incrementó los ya altos niveles de desempleo, empleo informal y pobreza (Diaz-Cassou, Deza y Moreno 2020; ^{Dargent y Rousseau 2021} ). En esta sección se prioriza el análisis de la tensión entre la recuperación económica del año 2022 y los importantes déficits en la recuperación de las condiciones sociales de la mayoría de la población.

En el año 2022 el Perú tuvo el Producto Bruto Interno (PBI) más alto de los últimos 12 años ( cuadro 1 ). Durante los primeros cuatro años de este período, el Perú sostuvo lo que en la primera década se vino a llamar “el milagro peruano” con una tasa promedio de crecimiento anual de 6.65%. Los siguientes seis años

Fuente: elaboración propia en base a series estadísticas del BCRP.

Cuadro 1 Perú: Producto Bruto Interno anual, 2010 – 2022 

fueron de caída en el crecimiento, aunque siempre aumentó el PBI, mínimamente a una tasa de crecimiento de 2.2%. En el año de la pandemia el desplome fue abismal con una tasa de decrecimiento anual de 10.9%. Sin embargo, el año 2021 fue absolutamente inverso pues la recuperación económica ocurrió en un pico de mayor altitud que la profundidad que alcanzó el decrecimiento en el año anterior. La tasa de crecimiento alcanzó 13.4% solo un año después de una debacle histórica, un nivel de recuperación sumamente acelerado que no tiene antecedente en el país. La economía peruana demostraba su fortaleza como “una de las principales historias de éxito de América Latina durante más de una década” ( ^{Werner 2015} : 1).

El crecimiento macroeconómico sostenido ha sido consecuencia de drásticos programas de estabilización y reformas estructurales que alteraron el sistema económico a principios de la década de 1990 ( ^{Lagarde 2015} ; ^{Rossini y Santos 2015} : 15-16, 32). La privatización de empresas y servicios públicos, la priorización del capital internacional, la desregulación y la limitación de la inversión social fueron pilares del cambio estructural sostenido a lo largo de las dos primeras décadas del siglo XXI, en el marco de la Constitución de 1993. Durante el 2022 se sostuvo la tendencia y aunque el crecimiento fue bastante menor proporcionalmente, 2.68%, se alcanzó el mayor PBI histórico, 567,390 millones de soles. El año del colapso institucional y del estallido social fue un buen año en términos macroeconómicos.

¿Cómo fue posible una recuperación tan rápida y cómo así se sostuvo macroeconómicamente en un contexto de debacle política? Pero también, ¿cómo se relaciona este crecimiento macroeconómico con la provisión de servicios fundamentales a una sociedad altamente desigual y diezmada por la pandemia?

El contraste tan claro entre el desempeño positivo de la economía y el desempeño totalmente negativo de la política es evidencia de la autonomía que en el Perú tiene la primera con respecto a la segunda. En el mismo año puede haber crecimiento macroeconómico a la vez que una situación de colapso institucional seguido de un estallido social. Esto es posible por el carácter neoliberal de la sociedad peruana que le otorga prioridad a la dimensión económica y concibe al Estado como funcional a ésta, tal y como lo establece la Constitución de 1993 en la figura del rol subsidiario del Estado en la promoción del desarrollo (artículos 58, 59 y 60). Así, en el Perú el Estado es una instancia facilitadora de la libre competencia (artículo 61) y de contratos-ley que establecen garantías especiales para la actividad empresarial, los mismos que no pueden ser modificados legislativamente (artículo 62). En cuanto a la ciudadanía, aparece en el capítulo referido al régimen económico sólo como “consumidores y usuarios” (artículo 65) a los que se le reconoce principalmente el derecho a tener información sobre bienes y servicios disponibles en el mercado, y en segunda instancia a que el Estado vele por su salud y seguridad. A su vez, la sociedad peruana ha adoptado en mucho la ideología neoliberal que legitima la prioridad del interés particular sobre el común, y la competencia como forma de interacción social y mecanismo para la distribución económica ( ^{Cánepa 2020} , Ilizarbe 2020) en detrimento de formas de colaboración social.

De otro lado, aunque el crecimiento del PBI fue una buena noticia, es notorio que ese crecimiento no se tradujo en una mejor provisión de servicios básicos para atender las demandas de una población diezmada por la pandemia. ² Si tomamos otros factores en cuenta, como el aumento de los niveles de pobreza y pobreza extrema, el aumento de la inflación, el estancamiento de los salarios y la tasa de aumento de empleo formal, el panorama social no es auspicioso.

En el año 2022 la pobreza monetaria se incrementó en 1.6% con respecto al 2021 y alcanzó el 27.5% de la población nacional, es decir, 9 millones 184 mil personas. Si se toma en cuenta a la población considerada no pobre, pero en condición de vulnerabilidad (32.3%, 10 millones 795 mil personas) se tiene que la población en condición de pobreza y en riesgo de caer en ella es del 59.8%; un nivel altísimo de vulnerabilidad socio-económica en el país. Asimismo, la pobreza afecta de manera diferenciada a la población; así, incide más en ámbitos rurales (41.1%), afecta más a jóvenes de 0 a 17 años (36.7%), a quienes tienen menor nivel educativo (36.8%), y a quienes no tienen como lengua materna el castellano (33,5%) (Instituto Nacional de Estadística 2023). El perfil demográfico de quienes sufren las muchas limitaciones que impone la pobreza es claro y coincide territorialmente con regiones que componen el llamado sur andino (Ayacucho, Puno y Apurímac principalmente), en las que predomina la población indígena y también los conflictos ecoterritoriales, como se verá más adelante.

Como se aprecia en el Cuadro 2 , la inflación continuó aumentando y superó el récord de la tasa más alta registrada en 13 años establecido el año anterior ( ^{Barrenechea y Encinas 2022} ). La inflación de 8.46% durante el 2022 afectó de manera importante el salario real.

Fuente: elaboración propia en base a series estadísticas del BCRP.

Cuadro 2 Perú: Inflación Anual, 2019 – 2022 

En cuanto a los salarios, el Gráfico 1 pone en evidencia que el salario real ha crecido muy lentamente durante el siglo XXI, a un ritmo mucho menor que el PBI y la inflación, lo que determinó una importante pérdida en la capacidad adquisitiva de la población. En el año 2022, a pesar del crecimiento macroeconómico, el salario mínimo real siguió decreciendo y fue de sólo 659.8 soles mensuales (250 US dólares aproximadamente), uno de los más bajos de la región.

Elaboración propia. Fuente: Sistema peruano de Información Jurídica.

Gráfico 1 Perú: Remuneración Mínima Vital, 2001 – 2022 

Como señala Osorio (2023), el 2022 fue un año desafiante para la región por la elevada inflación, las altas tasas de interés, la guerra de Rusia en Ucrania y un dólar estadounidense fuerte. Todo esto condujo a que la mayoría de países ajustara sus salarios mínimos vitales, y entre ellos el Perú. Sin embargo, el aumento no ha sido significativo para mejorar la capacidad adquisitiva real de los asalariados ya que no refleja los niveles inflacionarios. A esto hay que añadir que la desigualdad determina que los sectores de ingresos más bajos sufran un impacto negativo mayor en sus precarias economías que quienes tienen ingresos más altos, con lo que se agrava la brecha entre ricos y pobres. También permanecen los impactos económicos y laborales de la pandemia, que se ponen en evidencia con reducciones históricas en el nivel de actividad económica, en el empleo, y en las horas trabajadas, con la consecuencia de un fuerte deterioro del aparato productivo y el cierre de empresas. Todos estos factores estarían impactando en la disminución significativa de ingresos medios y en el aumento de la pobreza y la indigencia (OIT 2022, 17-8), alimentando así una crisis socio-económica que pasa desapercibida en la agenda pública.

Otro factor importante al analizar el caso peruano es que sólo una minoría de la Población Económicamente Activa (PEA), alrededor de 20% luego de la pandemia, tiene acceso a los derechos laborales que garantiza la formalidad. El 80% de la PEA, una abrumadora mayoría del país, labora en la informalidad. Como corrobora un informe reciente de la Organización Internacional del Trabajo (2022: 29) el empleo es predominantemente informal en el Perú, y la recuperación del empleo total luego de la pandemia se ha sostenido precisamente en él, antes que en el empleo formal. Durante el 2022 el empleo informal ha contribuido con el 75% de puestos de trabajo, pero es importante resaltar que se trata de puestos de trabajo en condiciones de precariedad y ausencia de derechos sociales y económicos.

Por otro lado, en los últimos años se ha agudizado la conciencia de la desigualdad y el descontento más general con la forma en que se conducen la economía y la política en el país. Después del colapso social y económico que la pandemia significó para millones de familias que quedaron libradas a su suerte por la grave incapacidad del Estado para asegurar universalmente servicios básicos – la capacidad desplegada en la vacunación durante el segundo año de pandemia opera como una excepción en este sentido ( ^{Barrenechea y Encinas 2022} ) – las demandas de cambio se hicieron mucho más claras.

Las encuestas de opinión también han ido resaltando que hay una conciencia muy clara de la fuerza de la desigualdad en el Perú, en sus múltiples formas, pero especialmente la desigualdad entre pobres y ricos. La encuesta desarrollada por el Instituto de Estudios Peruanos para medir las percepciones de desigualdad es reveladora de una conciencia crítica de los resultados del modelo productivo implantado con la Constitución de 1993 (2022). Señala el informe que se identifican desigualdades extremas en el acceso a derechos y servicios fundamentales: 83% estima que el acceso a la justicia es muy desigual, 70% estima que el acceso a la salud es muy desigual y 59% estima que tanto el acceso a la educación como al trabajo es muy desigual. Se identifican también grandes brechas de desigualdad en la población por distintos factores, siendo la brecha entre ricos y pobres la principal. El 72% considera que la desigualdad económica es muy grave, el 61% resalta la desigualdad territorial que privilegia a las ciudades contra las zonas rurales, y el 56% señala como muy grave la desigualdad entre Lima y el resto del país (Instituto de Estudios Peruanos 2022: 107).

Asimismo, hay una conciencia aguda de la desigualdad en el acceso y en el ejercicio del poder y un cuestionamiento que señala la necesidad de implementar cambios de fondo. De acuerdo a los resultados de la misma encuesta, la mayoría señala varias distorsiones importantes en el manejo de poder. El 68% piensa que “los ricos tienen demasiada influencia en las decisiones que afectan al país”, mientras que un 66% piensa que el país “está gobernado por unos cuantos grupos poderosos que buscan su propio beneficio”. Asimismo, 50% piensa que el país “está gobernado solo por Lima, la capital, y no se toma en cuenta otras regiones” y sólo 30% piensa que “se está gobernando para el bien de todo el pueblo” (Instituto de Estudios Peruanos 2022: 87).

Quizá por ello, la mitad (50%) está de acuerdo con que el Estado debería ser dueño de las empresas más importantes del país (Instituto de Estudios Perua-nos 2022, 90) y el 68% considera que el Estado debiera estar a cargo de la provisión de servicios de salud, y no el sector privado (Instituto de Estudios Peruanos 2022, 102), aunque la Constitución de 1993 lo prohíbe. Estas tendencias son congruentes con cambios sustantivos en la opinión pública respecto a la necesidad de iniciar una asamblea constituyente, uno de los reclamos prominentes del estallido social peruano.

III. LA RUTA DEL COLAPSO INSTITUCIONAL

En cuanto a la dimensión político-institucional, el evento más importante del año ocurrió el 7 de diciembre, cuando se produjo el quiebre de un círculo vicioso de pugna abierta por el poder entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, a favor de la alianza forjada en el Congreso de la República. Ese día, el presidente Pedro Castillo fue finalmente depuesto por el Congreso luego de un intento fallido de golpe de estado anunciado en televisión nacional. Horas después de que Castillo fuera detenido por la policía y llevado a prisión, y luego de que el Congreso sancionara su destitución por la vía de la vacancia presidencial, la vicepresidenta Dina Boluarte asumió el poder y juró gobernar –como manda la Constitución—hasta el 2026. Pocos días después se produjo un estallido social que se extendió por el país durante los primeros 100 días de gobierno. Empezó en Andahuaylas, Apurímac (la provincia donde nació Boluarte), y se expandió por varias regiones del país, particularmente el sur andino donde Castillo había acumulado su capital electoral. La represión policial y la militarización fueron inmediatas en el marco de una declaratoria de Estado de Emergencia nacional para el control del orden interno que facilitó la crisis de derechos humanos con la que el país cerró el año y abrió el siguiente. Para marzo de 2023 eran más de 60 las personas muertas en el contexto de las protestas, 50 como consecuencia del uso de armas de fuego y proyectiles no autorizados para la represión policial. El análisis en esta sección prioriza los factores y hechos que conllevan al momento de quiebre, pues marca un punto de inflexión en la trayectoria de decadencia democrática que se hiciera nítida a partir del 2016.

El Perú del 2022 estaba inmerso en un sostenido proceso de descomposición institucional que se había hecho evidente al inicio del gobierno de Kuczynski, cuando el fujimorismo se negó a aceptar su derrota en las urnas y decidió adoptar un rol obstruccionista en el Congreso utilizando la mayoría de escaños conseguidos como un arma de ataque constante a las acciones de gobierno del Ejecutivo ( ^{Paredes y Encinas 2020} ; ^{Dargent y Rousseau 2021} ). Desde entonces, se hicieron visibles varios círculos viciosos que contradicen la lógica fundante del sistema democrático, tanto si entendemos a la democracia como un sistema ecológico de prácticas e instituciones que deben operar sinérgicamente en función del bien común, y no sólo como procedimientos que aseguran la alternancia en el gobierno ( ^{O’Donnell 2010} ; ^{Cameron 2018} ), como si la entendemos como un conjunto de procedimientos y condiciones mínimas que aseguran resultados justos en espacios debidamente reglamentados de competencia por el acceso al poder (Przeworski 1991). Tanto en el campo de la democracia electoral, como en el de las libertades y derechos concomitantes sobre los que se asienta la construcción de la ciudadanía, como en el ámbito de la democracia constitucional, se hicieron visibles dinámicas perversas que daban cuenta de un proceso constante de erosión democrática (Ilizarbe 2022b).

La dinámica más peligrosa, en tanto suponía una práctica antidemocrática instalada de facto en el centro mismo de la estructura institucional, era el antagonismo mortal entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. Precisamente en el 2022 se desplegó el último round con resultado favorable para el Legislativo ³ , lo que generó tanto un desequilibrio de poder a nivel del diseño institucional presidencialista y democrático, como en la relación con la sociedad que se constituyó en una fuerza opositora. Para analizar el desarrollo de esta dinámica durante el 2022 se seleccionan las principales acciones desplegadas en el Legislativo y en el Ejecutivo en los gobiernos de Castillo y Boluarte, tanto en lo que respecta al enfrentamiento institucional, como a su desempeño en el gobierno del país. En la siguiente sección se analizan los principales hechos en la interacción directa con la ciudadanía.

En sus embates contra el Ejecutivo el 2022, el Congreso organizó siete procesos de censura ministerial (cuatro de los cuales fueron exitosos) y dos procesos de vacancia presidencial adicionales a uno primero organizado en 2021. El segundo proceso de vacancia se desarrolló entre el 8 y el 28 de marzo y fue impulsado por el exalmirante de la Marina de Guerra Jorge Montoya, uno de los líderes de la extrema derecha vinculado al gobierno fujimorista por su participación en la firma de un Acta de Sujeción a la dictadura fujimorista y a su hombre fuerte Vladimiro Montesinos. La moción de vacancia interpretaba el mandato de fiscalización del Congreso como una “potestad exclusiva del Congreso que implica una valoración política de las cualidades éticas y morales de quien ostenta el más alto cargo público del Estado” y citaba como causales tanto acusaciones de corrupción como una práctica deficiente de gobierno que correspondían más bien a la figura de juicio político, no prevista en la Constitución peruana. La moción no alcanzó los votos suficientes en el pleno del Congreso (La República 2022b). La tercera moción de vacancia se organizó entre noviembre y diciembre y fue impulsada por el congresista también de extrema derecha Edward Málaga, luego de una denuncia constitucional formulada por la Fiscal de la Nación Patricia Bustamante, planteando como causales para la destitución argumentos similares a los consignados en la segunda moción ( ^{Infobae 2022} ). La votación de esta tercera iniciativa no se produjo pues el discurso de autogolpe de Pedro Castillo dejó el proceso inconcluso. Para destituir al presidente se organizó una acelerada votación que se plasmó en una Resolución Legislativa en la que con 101 votos se acordó la vacancia inmediata y la sucesión presidencial contemplada en el artículo 115 de la Constitución, citando además el artículo 46: “nadie debe obediencia a un gobierno usurpador” (Congreso de ^{la República 2022} ).

Una segunda línea de acción visible del Congreso se orientó a fortalecer su posición de predominio en el Estado, tanto por la vía de la alteración de la Constitución de 1993 –en un proceso caracterizado por el constitucionalista Pedro Grández como de “desmembramiento constitucional,”—como por el esfuerzo por copar otras instituciones del Estado central por la vía de la designación de funcionarios de primer nivel en instituciones autónomas como la Defensoría del Pueblo o los organismos electorales. La modificación por vía rápida de 53 de los 206 artículos de la Constitución fue calificada por los expertos como la ruptura del equilibrio de poderes en favor del Congreso. Esta lectura fue ratificada por el propio congresista Montoya, quien públicamente señaló –ignorando el diseño y la tradición presidencialista del Estado peruano—que el Congreso “es el primer poder del Estado” ( ^{El Búho 2022} ; La República 2022c). El desequilibrio estructural en el balance de poderes se consumó con la ratificación de estas decisiones por el Tribunal Constitucional designado por el propio Congreso. Entre las medidas que desnaturalizaron el equilibrio de poderes sancionado en la Constitución está el bloqueo de la iniciativa popular de referéndum, una acción similar a la del Congreso pro-fujimorista de 1998, que somete la iniciativa popular de reforma constitucional a la necesaria aprobación del Congreso (artículos 2º inciso 17, 31 y 32). Otra medida fue modificar a su favor la Cuestión de Confianza, uno de los instrumentos de control del Ejecutivo sobre el Congreso (artículo 134). Asimismo, el Tribunal Constitucional ratificó la decisión del Congreso de emitir leyes con iniciativa de gasto, algo que sólo corresponde al Ejecutivo. También le dio potestad de elegir al Defensor del Pueblo a espaldas de la ciudadanía y sin rendición de cuentas, e iniciar juicio político a los jefes de los órganos electorales. El Tribunal Constitucional también le permitió al Congreso desmantelar la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria – SUNEDU. Éste había sido un intento de largo aliento de dueños de universidades que no obtuvieron la licencia correspondiente pero sí lograron representación en el Congreso, acción que se sumó al cierre del Consejo Nacional de Educación y su recomposición con miembros de grupos conservadores anti derechos. Con estas acciones el Congreso desbarató una isla de eficiencia estatal en la evaluación de la calidad de la educación superior, canceló un espacio participativo en la gestión de políticas públicas educativas, y reveló el carácter conservador de la alianza de derecha liderada por el Congreso ( ^{Cárdenas 2023} ).

En lo que respecta al Ejecutivo, el año empezó con la renuncia de Mirtha Vásquez a la Presidencia del Consejo de Ministros en respaldo del ministro del Interior, Avelino Guillén, cuya renuncia fue el costo político que debió asumir por remover un alto mando de la policía con graves denuncias de corrupción.

Vásquez señaló en su renuncia pública dos dinámicas que afectaban gravemente la capacidad de gobierno del Ejecutivo: una externa “provocada por grupos opositores con clara intención golpista,” y una interna, un “problema estructural de corrupción en diversas instancias del Estado” contra las que no se estaría haciendo nada ( ^{La República 2022} , ^{El Comercio 2022} ). Con su salida se cerraba el ciclo de participación en el gobierno de una pequeña representación de izquierda con agenda progresista, sostenida en individuos provenientes del mundo académico y organizaciones no gubernamentales, alineados con la defensa de los derechos humanos. La entrada de Aníbal Torres en reemplazo de Vásquez marcó la consolidación del ala conservadora de la frágil alianza de gobierno, que a partir de entonces priorizó la defensa cerrada del presidente a cualquier costo, incluso ponerse de espaldas a sus promesas de campaña. El gabinete Torres fue el más estable del presidente Castillo con nueve meses en el gobierno, frente a los tres meses y medio de Vásquez, los dos meses y medio de Guido Bellido en el 2021, los siete días de Héctor Valer inmediatamente después de Vásquez, y los 12 días de Betssy Chávez, luego de la renuncia de Aníbal Torres y hasta el discurso de autogolpe de Pedro Castillo. Bajo la dirección de Torres el gobierno se endureció en su pugna con el Legislativo, se hizo conservador en la promoción de políticas anti género, sin enfoque intercultural, y sin priorizar la situación del agro a pesar de la muy publicitada segunda reforma agraria. De otro lado, se abrió más visiblemente a negociar en función de alianzas que permitan la sobrevivencia del presidente, bajo una lluvia de denuncias por corrupción amplificadas por la prensa. Aunque estas prácticas fueron habituales en los gobiernos previos, esta vez todo era más patente y amplificado por la prensa. Se trataba de la exacerbación de una práctica habitual en los gobiernos previos, esta vez por parte de un gobierno de carácter plebeyo en su composición, que al igual que los demás abandonó muy pronto sus promesas cambio y reforma ( ^{Ballón 2022} ).

Cabe resaltar la extrema debilidad del gobierno de Pedro Castillo frente a una oposición política que combatió su gobierno desde antes que asumiera el poder ( ^{Stefanoni 2022} , ^{Barrenechea y Encinas 2022} ). Se trataba de un gobierno más en una larga lista de males menores inaugurada con Alejandro Toledo en el 2001, ya sea que se tratara de enfrentar como mal mayor al fujimorismo de segunda generación liderado por Keiko Fujimori, ya sea que se tratara de la ausencia de alternativas reales luego del colapso del sistema de partidos a fines de los años 90 ( ^{Tanaka 2005} ; ^{Zavaleta 2014} ). Una diferencia importante con los gobiernos anteriores fue, sin embargo, la emergencia de una ola conservadora durante la contienda electoral que atravesaba el espectro ideológico de derecha e izquierda y la atomización de organizaciones políticas que alcanzan representación en el Congreso. La fuerza de esa ola conservadora y autoritaria se expresaba en la ventaja electoral que alcanzaron en la primera vuelta presidencial los candidatos Pedro Castillo, Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, todos ellos defensores vocales –aunque con importantes matices—de prácticas autoritarias y mano dura ( ^{Muñoz 2021} ). Eventualmente, en el 2022 cristalizaría una alianza conservadora en el Congreso que luego lideraría una coalición conservadora que incluye a la presidenta Dina Boluarte, las élites empresariales y las fuerzas del orden ( ^{Tanaka 2023} ).

La ola conservadora también se manifestó en las elecciones regionales y municipales organizadas en octubre del 2022, visiblemente en Lima donde ganó la elección el candidato de ultraderecha conservadora religiosa Rafael López Aliaga, con 23.5% de los votos emitidos. La fuerza inercial de otras tendencias electorales que dan cuenta de la pobreza de la democracia electoral en el Perú también se hizo notar: alta volatilidad electoral ante una oferta cada vez más fragmentada y centrada en defender los intereses particulares de coaliciones de independientes, alto ausentismo electoral, así como la baja performance de los partidos que pasan a la segunda vuelta electoral presidencial. Fue un síntoma nítido que el partido de gobierno, Perú Libre, no lograra siquiera presentar candidatos en Junín, su región de origen ( ^{Godoy 2022} ).

En un contexto extremadamente adverso, similar al que enfrentó cinco años antes el presidente Kuczynski, la debilidad de la presidencia de Castillo se incrementó día a día. No sólo debía enfrentar un antagonismo a muerte de la alianza opositora en el Congreso, era también un actor político aislado y sin la pericia suficiente para enfrentar los niveles de extrema fragilidad institucional que el país sufría. Durante el 2022 el presidente quedó sin partido político luego de renunciar por desacuerdos públicos con el fundador Vladimir Cerrón. Como consecuencia perdió la bancada en el Congreso, y no logró hacer alianzas políticas sostenibles para gobernar en el crítico contexto de la post pandemia. Su gobierno no pudo hacer frente a diversas emergencias importantes como los derrames de petróleo, la escasez de fertilizantes para la agricultura por la guerra en Ucrania, o sostener un rumbo claro en la conducción política que permitiera cumplir alguna de sus más importantes promesas electorales ( ^{Fowks 2022} ; Fowks 2022b; ^{Stefanoni 2022} ).

En 16 meses de gobierno, Pedro Castillo tuvo cinco gabinetes y más de 60 ministros ocuparon las 19 carteras ministeriales, entre ellos la vicepresidenta Dina Boluarte quien dirigió el Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social desde el inicio hasta el 25 de noviembre de 2022. La alta rotación de ministros y la notoria falta de capacidad y experiencia de varios de ellos dan cuenta de la agudización de una característica que también se dejó ver en el gobierno de Kuczynski ( ^{Paredes y Encinas 2020} ). Las denuncias por corrupción se sumaron a una creciente incapacidad para gobernar en un contexto de graves necesidades y empezaron a inclinar la balanza de la legitimidad social en su contra. El slogan “que se vayan todos” ganó momentum y las encuestas registraron un acuerdo mayoritario (87%) por el adelanto de elecciones generales si el presidente era inhabilitado (Dargent 2022; Instituto de Estudios Peruanos 2022b: 32). Con todo, Castillo logró sostener niveles de aprobación más altos que su sucesora o que el Congreso. Como mostraron las encuestas de opinión, aunque los porcentajes de desaprobación del presidente siempre duplicaron mínimamente sus porcentajes de aprobación, cerró su mandato con un menor nivel de desaprobación y mayor nivel de aprobación que al inicio: al empezar tenía 65% de desaprobación y 25% de aprobación, y al terminar 61% y 31%, respectivamente ( ^{Instituto de Estudios Peruanos 2023} ).

Dina Boluarte inició su gobierno con mayor nivel de desaprobación (71%) que rápidamente creció a 77%. Correspondientemente, su nivel de aprobación inicial decreció de 19% a 15%. En este caso, el patrón ya habitual en el Perú de deslegitimación progresiva se acentuó y aceleró. Por su parte, el Congreso fue la institución más desprestigiada durante los dos gobiernos. Inició con 61% de desaprobación y 31% de aprobación, es decir que inició en mejores términos que el presidente Castillo, pero al final de su mandato la situación era inversa: su desaprobación de 80% era superior a la del presidente y la aprobación de sólo 15%, inferior. De allí en adelante, durante el gobierno de Dina Boluarte, la desaprobación aumentó hasta alcanzar 90% y la aprobación llegó a sólo 6% en el mes de febrero de 2023. Otras instituciones importantes del Estado también fueron afectadas con el cambio de gobierno. La policía pasó de tener mayor aprobación que desaprobación a la situación inversa en sólo dos meses: de una aprobación de 50% en diciembre 2022 a 41% en febrero 2023, y de una desaprobación de 46% a 55% en el mismo lapso de tiempo. Por su parte, la aprobación de las Fuerzas Armadas pasó de 61% a 48% de diciembre 2022 a febrero 2023, y la desaprobación aumentó de 35% a 46% ( ^{Instituto de Estudios Peruanos 2023} ).

¿Cómo explicar que los niveles de aprobación de Castillo fueran superiores a los de Boluarte, el Congreso, las fuerzas policiales y las fuerzas militares, aún después del intento de golpe de Estado? Es importante considerar el rol simbólico que ha jugado la figura de Pedro Castillo en la presidencia como representante de sectores históricamente excluidos del poder en el Perú ( ^{Asencio 2021} ; Gonzáles y Moscoso 2021; ^{Pajuelo 2021} ), en un contexto plagado de racismo explícito como parte de la ola conservadora que no soporta la politización y participación política de los excluidos ( ^{Méndez 2022} ; ^{Agüero 2023} ). Luego de que Pedro Castillo fuera vacado en el Congreso, Dina Boluarte asumió constitucionalmente la presidencia de la República, pero en su discurso de asunción de mando sorprendió negativamente a la población al juramentar hasta el 2026 ignorando la mayoritaria demanda de “que se vayan todos” y su propia promesa de renunciar si el presidente era vacado. Pidió una tregua política para instalar un gobierno de unidad nacional y luchar contra la corrupción y el desgobierno. El esfuerzo por distanciarse del gobierno de Pedro Castillo y su evidente cercanía con un Congreso que sólo dos días antes la había salvado de la inhabilitación política luego de atacarla por meses fueron interpretados como una traición al voto popular ( ^{Stefanoni 2022} ). Esta sensación de traición se expandió rápidamente y dio paso al estallido social en contra del gobierno de Boluarte.

IV. EL ESTALLIDO SOCIAL PERUANO

A mí nadie me paga, tampoco soy vándala. Soy madre y mujer peruana,

ciudadana, y yo también soy el Estado.

Así me levanté. Aída Aroni ⁴

El informe de la ^{Defensoría del Pueblo (2023)} a tres meses de gobierno de Dina Boluarte confirma la existencia de un estallido social en el Perú, es decir, de un proceso de politización social extrema evidente en el gran número de acciones colectivas de protesta contra el gobierno nacional que inician poco después de la asunción de mando y se expanden por el territorio nacional.

El Cuadro 3 consigna información para 72 días, lo que da un promedio de más de 18 acciones de protesta diarias. Sobresalen largamente las movilizaciones o acciones que buscan visibilidad y apoyo público. También han sido importantes numéricamente los paros y plantones, manifestaciones menos disruptivas al congregarse en plazas sin interrumpir el tráfico. Las marchas por la paz y vigilias o actos de duelo público han sido menos. Si se comparan las cifras de acciones colectivas de protesta del año 2022 con las de años precedentes, queda más clara aún la ocurrencia del estallido social.

Fuente: Defensoría del Pueblo Sistema de Monitoreo de Conflictos Sociales.

Cuadro 3 Acciones colectivas de protesta, 7 de diciembre de 2022 al 20 de febrero de 2023 

Como muestra el Gráfico 2 , los años previos registran números importantes y sostenidos de acciones colectivas de protesta, particularmente desde el 2018, ya en medio del enfrentamiento mortal entre poder Ejecutivo y Legislativo. Sin embargo, el pico de movilización iniciado a fines del 2022 sobrepasa largamente todos los picos previos. Al desagregar las cifras por meses se aprecia claramente cómo se inicia y sostiene en el tiempo el estallido social.

Elaboración propia. Fuente: Informes anuales de la Defensoría del Pueblo.

Gráfico 2 Acciones colectivas, 2008 – 2023 

Como muestra el gráfico 3 , el año 2022 registra en un número alto y relativamente estable de protestas entre enero y noviembre (287 mensual en promedio), que crece a más del doble en diciembre del 2022, más del cuádruple en enero del 2023, y más del doble nuevamente en febrero del 2023. Son números extraordinarios para un país que ha hecho de las protestas una institución informal de participación ciudadana directa ( ^{Ilizarbe 2022} ).

Elaboración propia. Fuente: Defensoría del Pueblo.

Gráfico 3 Acciones colectivas por meses, enero 2022 – febrero 2023 

En cuanto a la violencia desplegada durante el estallido social, se confirmó que la abrumadora mayoría de protestas fue pacífica pues de las 1,327 protestas que enfrentó el gobierno de Boluarte, sólo 153 fueron hechos de violencia, aglomerados al inicio del estallido social ( ^{Defensoría del Pueblo 2023} ). Sin embargo, el gobierno respondió brutalmente tanto por la represión policial y militar en el marco de declaratorias de Estado de Emergencia, como por las acusaciones públicas y sin evidencias de que las protestas estaban vinculadas a negocios ilícitos y al terrorismo, recurriendo a la retórica del enemigo interno utilizada anteriormente por el fujimorismo en su intento por legitimarse ( ^{Burt 2022} , ²⁰²³ ; ^{Amnistía Internacional 2023} ). El informe especial de investigación forense del ^{New York Times (2023)} revela una estrategia militar desplegada por cinco semanas que afecta los derechos fundamentales de ciudadanos que no suponían un riesgo inminente para las fuerzas del orden. La investigación demuestra, en base a una cuidadosa investigación forense, que el Estado violó de manera flagrante sus propios protocolos al usar armas letales y municiones prohibidas para el control del orden interno. El resultado fue más de 60 personas fallecidas durante el estallido, la gran mayoría abaleadas por las fuerzas del orden en masacres cometidas en varias regiones del país, principalmente en el sur andino. Ninguna de estas acciones ha merecido una investigación seria del gobierno, cuestionamientos del Congreso o la Fiscalía de la Nación, o informes especiales de los principales medios de comunicación nacional. Estamos así ante el ejercicio autoritario del poder por un estado policiaco que gobierna suspendiendo garantías constitucionales, sin fiscalización y sin rendición de cuentas ( ^{Ilizarbe 2023} , ^{The Economist 2023} ).

El Cuadro 4 muestra con claridad que los distintos gobiernos del siglo XXI, incluyendo los de Castillo y Boluarte, utilizan el recurso excepcional de la declaratoria de Estado de Emergencia como mecanismo de gestión de conflictos sociales y protestas, de emergencias administrativas por catástrofes, y para el manejo de la pandemia. Se trata de otra práctica antidemocrática relacionada al abuso del régimen de excepción, que ha permitido la progresiva militarización de la respuesta estatal a las protestas ciudadanas. Se aprecia una tendencia creciente en el tiempo, y la instalación informal de una práctica gubernamental que contradice el deber del Estado de garantizar plenamente los derechos y libertades de la ciudadanía.

Elaboración propia. Fuente: Sistema Peruano de Información Jurídica.

Cuadro 4 Declaratorias de estado de emergencia por gobierno y tipo de declaratoria, 2000 – 2023 

La militarización de la respuesta estatal a las protestas ciudadanas está directamente relacionada al incremento en los números de personas violentadas en sus derechos fundamentales, asesinadas y heridas en protestas. Como muestra el Cuadro 5 , los números de personas asesinadas y heridas en protestas es siempre alto, en todos los gobiernos. Siempre hay más heridos y personas asesinadas civiles que miembros de las fuerzas policiales y militares, con algunos años en los que se producen picos en la letalidad de las confrontaciones (los años 2014, 2015 y 2020). Tanto las cifras de heridos como las de personas fallecidas en la población civil no tienen precedente en los últimos 10 años. Asimismo, las cifras correspondientes a los dos primeros meses del año 2023, es decir las que corresponden a la continuidad del estallido social, son significativamente altas en relación al convulso año 2022. El número de heridos de enero y febrero del 2023 (614 personas) es superior al número total de personas heridas en todo el año 2022, un año que ya marcaba un récord para los últimos 10 años. Por su parte, el número de personas muertas a inicios del 2023 (30) es casi la mitad del número total de personas fallecidas durante todo el 2022 (67 personas). La letalidad de la respuesta estatal para enfrentar el estallido social ha sido altísima e inédita.

Elaboración propia. Fuente: Defensoría del Pueblo.

*Los datos del 2023 corresponden sólo a los primeros dos meses.

Cuadro 5 Número de víctimas en protestas ciudadanas por tipo de actor, 2013 – 2023 

Es importante subrayar también las características particulares del estallido social que implican diferencias significativas con otros ciclos de protesta en el Perú ( ^{Ilizarbe 2022} ). El rasgo más saltante es el componente étnico, pero también el liderazgo de mujeres indígenas que tomaron la primera línea de lucha en las calles de ciudades importantes del país, incluida Lima. La señora Aída Aroni, nacida en Huanccapi – Ayacucho, fue una de ellas. Se hizo conocida por participar pacíficamente en las protestas vistiendo sus trajes tradicionales, enarbolando una bandera peruana y avanzando solitariamente ante la policía.

Fue agredida sin razón aparente de muchas formas y en varias oportunidades, incluso por ciudadanos como ella ( ^{Frisancho 2023} ). Fue detenida violentamente y maltratada por la policía, pero persistió en su lucha y en demandar muy claramente, como muestra el epígrafe de esta sección, respeto a los derechos políticos que su condición de ciudadana peruana debiera garantizarle. Cuando dijo, “yo también soy el Estado” explicando cómo y por qué se levantó contra el gobierno de Boluarte, respondía directamente a lógicas de segregación y exclusión política de comunidades indígenas y amazónicas que caracterizan la historia peruana, pero se han hecho más visibles y explícitas en el gobierno de Castillo (Méndez 2022b; Méndez 2022c).

Sin embargo, el vínculo con Castillo no parece haber sido populista, en última instancia. Aunque inicialmente fue visible el reclamo de reponer al expresidente en su cargo, rápidamente esa demanda perdió peso para articular una respuesta desde la experiencia indignada y compartida de la desigualdad, reclamando la refundación del pacto social. El reclamo popular expresó indignación por los ataques que Castillo había sufrido en tanto que indígena y a pesar de su investidura. La explicación habitual “a él lo tratan como a nosotros” es elocuente: la reacción principal es contra una forma de maltrato y discriminación informalmente instituida y no una defensa cerrada de la persona (Salazar 2023).

En cuanto a las demandas ciudadanas, el canto popular titulado “Esta democracia ya no es democracia” ⁵ de amplia circulación en las protestas fue claro sobre el tipo de reclamo que se formulaba: el cuestionamiento era a la forma democrática adoptada en el 2001 y a la degradación sufrida desde entonces. No se trataba de un reclamo puntual que pudiera negociarse en una mesa de diálogo, tal y como en varios momentos reclamó la presidenta Boluarte, ni de un reclamo general aludiendo a algún abstracto modelo, como el neoliberalismo. Más bien se refería a la particular formación socio-histórica de la democracia peruana del siglo XXI, aunque sin expresar una ideología que pudiera encuadrarse en el continuum derecha – izquierda. El cuestionamiento era a una estructura específica que ha impuesto una dinámica de desciudadanización por la vía de la conculcación de derechos sociales, económicos y culturales adquiridos de amplios sectores de la población nacional, históricamente limitados en el ejercicio de derechos. El caso más claro es el del sostenido recorte de derechos laborales que ha fortalecido la informalización del aparato productivo en el Perú, hasta alcanzar 80% en el contexto de la pandemia. Es decir que el 80% de personas de la PEA en el Perú trabaja en condiciones no reguladas por el Estado, sin el goce de beneficios mínimos como acceso a seguro médico, pensión, vacaciones, sueldo mínimo u horario máximo de labores, e incluso condiciones mínimas de seguridad para la vida y la salud. Este proceso de desciudadanización que se inició en el gobierno de Alberto Fujimori junto con la privatización de empresas públicas y la tecnocratización del Estado ha tenido continuidad en los gobiernos democráticos del siglo XXI, que también enfrentaron formas diversas de oposición social.

Las demandas por derechos sociales, económicos y culturales han sido silenciadas y ninguneadas por décadas, pero han movilizado a importantes sectores de la población tanto en procesos electorales durante el siglo XXI como también en las protestas y movilizaciones sociales de estos años ( ^{Ilizarbe 2022} ). Así, las protestas de hoy son la expresión del hartazgo con un sistema político y productivo que maximiza las ganancias de pequeños grupos a costa de los derechos de grandes mayorías, en base a la concesión de recursos públicos. Pero además el reclamo viene directamente y sin intermediarios de sectores históricamente excluidos de la ciudadanía para quienes la inclusión formal a la comunidad política que significó la Constitución de 1979 no se tradujo en inclusión real. El reclamo de refundación se viene expresando por ahora en la demanda de un referéndum para una asamblea constituyente, idea que fue ganando adhesiones rápidamente luego de las protestas ciudadanas del 2020. Luego de que por años la idea de una asamblea constituyente no tuviera porcentajes significativos de aceptación, para marzo del 2023 había ganado fuerza en todas las regiones del país, incluso en Lima Metropolitana (57%), pero es-pecialmente en regiones: Sur (81%), Centro (79%), Oriente (76%) y Norte (71%) (IEP 2023b).

V. CONCLUSIÓN

El 2022 fue para el Perú el año del quiebre del sistema político, el de la erupción de un estallido social de proporciones históricas, y también el inicio de una transición autoritaria, luego de décadas de descomposición institucional acelerada en el último quinquenio. El quiebre de la democracia neoliberal peruana ocurrió como una implosión: los factores determinantes fueron internos antes que externos, e involucraron a los principales actores e instituciones del sistema político inmersos en dinámicas antidemocráticas que se reprodujeron a lo largo de varios gobiernos. El comportamiento de los actores políticos que lideraron los principales poderes del Estado, los poderes Ejecutivo y Legislativo, respondía visiblemente más a intereses privados que al interés común en un sistema de competencia por el poder en el que las reglas organizaban cada vez menos el juego político. La evidencia más clara del colapso institucional es que los procesos electorales ya no son un mecanismo suficiente para asegurar la legitimidad de las autoridades ni el voto popular es la última palabra, más bien el resultado se define en última instancia por la capacidad de grupos retadores instalados en el propio Estado central de subvertir los resultados de las urnas, manipulando las leyes y recursos estatales a su favor.

Por su parte, el estallido social reveló una conciencia extendida del colapso institucional y la capacidad de ir más allá del ejercicio de un poder de veto popular. No sólo se trató de una respuesta en defensa de la democracia, como ocurrió también en el 2020; esta vez se logró formular más claramente una demanda de transformación radical que se expresó en el reclamo de una asamblea constituyente que tuvo importante acogida más allá de la participación directa de la ciudadanía en las protestas contra el gobierno de Boluarte. Asimismo, el estallido social del 2022 representó un cambio importante en el liderazgo y las estrategias desplegadas por sectores rurales y campesinos en los que sobresalieron las mujeres. Los devastadores efectos de la pandemia, especialmente en los sectores socio-económicos más vulnerables y con menor representación política, sumados a la indignación que produjeron expresiones abiertamente discriminatorias contra la ciudadanía movilizada principalmente en el sur andino, amplificaron la fuerza del estallido social y la indignación frente a múltiples formas de desigualdad política –no sólo sociales y económicas—enraizadas en el país.

Sin embargo, más que en un momento constituyente –que no puede aún ser descartado como escenario posible en un futuro próximo—el Perú se encuentra en un momento destituyente. Es un momento prolongado de descomposición del régimen democrático signado por la deslegitimación de la institucionalidad, de la clase política, e incluso de la agenda neoliberal de los gobiernos del siglo XXI. Además, el régimen es subvertido tanto por quienes lo cuestionan como por quienes lo defienden. Esto se expresa bien en la pugna alrededor de la idea de una asamblea constituyente que deponga la Constitución de 1993: quienes defienden la Constitución han venido suspendiéndola, alterándola y malinterpretándola por más de un gobierno. Quienes la cuestionan ya no quieren reformas, quieren cambios de fondo, particularmente en cuanto al rol del Estado y al sistema productivo promovido por éste. Con todo, las fuerzas populares que impulsan este momento destituyente no han logrado formar un movimiento nacional ni sumar activamente a otros sectores sociales cuya oposición al gobierno de Boluarte es clara en las encuestas, con lo que el escenario de un momento constituyente cercano se hace improbable. Esta situación podría cambiar si la mano dura del gobierno golpea más fuertemente en Lima y a otros sectores sociales, a la vez que se muestra tan improvisado, errático y corrupto como el gobierno anterior, además de autoritario.

En estas circunstancias, resulta difícil prever el desenlace de la transición autoritaria. Por un lado, la reticencia de la coalición gobernante a dejar el poder antes del 2026 y la política de mano dura que sangrientamente impuso frente a la oposición social señalan que el país podría continuar inercialmente por la vía de la organización de nuevos procesos electorales en los que se elijan nuevas autoridades. Pero la deslegitimación profunda del sistema político podría conducir también a mayores niveles de ausentismo y votos blancos y nulos, que en los últimos procesos se han ido incrementando visiblemente. Asimismo, la conciencia de que las autoridades elegidas deberán someterse al ataque de los perdedores, y que sus períodos de gobierno ya no estarán garantizados por el mandato constitucional, será un factor insoslayable socavando aún más los míseros niveles de legitimidad de quienes gobiernan. De otro lado, la oposición social podría reagruparse y fortalecerse en los meses posteriores frente a un gobierno cada vez más aislado que enfrentará los mismos problemas que los anteriores para ofrecer resultados mínimamente satisfactorios a los urgentes reclamos de la ciudadanía.

Si se fortaleciera la protesta popular forzando la caída del gobierno de Boluarte y del Congreso, quizás la demanda por una asamblea constituyente podría abrirse paso nuevamente. Ésta podría plantearse como un proceso convocante de la sociedad organizada que abriera espacios de deliberación sobre fondo y forma, que en el camino podría contribuir a renovar la clase política y la agenda pública gracias al surgimiento formal de organizaciones populares interesadas en participar en el proceso. Sin embargo, una salida constituyente también abriría otro frente de pugna con los actores políticos electorales dominantes que buscarían hegemonizar el proceso. No hay por ello salidas sencillas o claramente auspiciosas, mientras a la vez resulta innegable que el deterioro del sistema político alcanzó un punto de quiebre que no puede ser resuelto desde dentro.