Introducción

El contrabando de plata en los Andes empezó desde el hallazgo mismo de los depósitos metalíferos. Desde el siglo XVI, los mineros extraían el metal de las minas y lo exportaban sin pagar el quinto real (^{Moutoukias, 1988}). Esta actividad continuó durante el período republicano en las minas boli vianas, constituyendo en el siglo XIX el tipo más importante de comercio ilegal. El contrabando de plata tuvo importantes efectos en la recién creada República de Bolivia pues promovió el desarrollo económico de la región al hacer posible una distri bución más equitativa del ingreso. Luego de 1872, cuando el contrabando de plata desapareció, la minería se concentró en las manos de unos pocos oligarcas (^{Mitre, 1981}).

El papel del contrabando es visto con frecuencia como una lucha entre el Estado y los contrabandistas. La mayoría de la información acerca del fenómeno a la que pueden acceder los historiadores proviene de agencias estatales destinadas a prevenir las salidas clandestinas de metal. Y la mayoría de los estudios se han escrito desde el punto de vista del Estado, que juzgaba al contrabando como algo nocivo para la sociedad, tanto como para el caso de la falsificación de la moneda (^{Laurent, 2014}; ^{Galeano, 2019}). En este sentido, las cartas de Gregorio Pacheco, un importante importador y exportador de la ciudad de Tupiza, en el sur de Bolivia, y quien también fuese un importante contrabandista de plata, nos brinda una perspectiva diferente. Si bien esta lucha es una dimensión importante del problema, ha tendido a eclipsar la historia más amplia de los efectos económicos y sociales que el contrabando tuvo en la sociedad boliviana. De hecho, el contrabando sigue siendo un fenómeno en la sociedad andina actual (Müller, en este número, Ødegaard, 2008, ^{Morales, 2019}).

El artículo se concentrará en los Andes centro-meridionales, en la frontera de Bolivia, Argentina y Chile. Durante el siglo XIX, estos límites no estaban bien definidos y solo después de la Guerra del Pacífico (1879-1884) las fronteras se demarcaron cuidadosamente. Durante la mayor parte del siglo XIX, la región sufrió el abandono gubernamental de los tres países.

El poder y el papel de los diversos Estados también variaron. Cada uno estableció un régimen aduanero diferente según sus prioridades. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, o más tarde la República Argentina, no contenían importantes recursos mineros y, por tanto, no recaudaban impuestos a los minerales. Chile no gravaba sus exportaciones de plata y cobre, así como el guano (Sater, 1976: 312). El Alto Perú, o Bolivia (como finalmente se lo llamó), había heredado las minas de plata y había elegido una postura más proteccionista, que continuaba la política colonial. El Estado prohibió la exportación de plata no acuñada y exigió que los propietarios de las minas entregaran las pastas de plata refinadas (las llamadas piñas) al banco minero. A su vez, el banco convertía las barras en monedas y devolvía el numerario a su propietario (Mitre, 1981). Para los mineros bolivianos, este régimen fiscal era perjudicial. El banco tardaba mucho en pagar la plata y, por tanto, el minero no podía cubrir sus costos. Además, el dueño del mineral no recibía la totalidad de este, pues el banco descontaba los impuestos correspondientes, que ascendían a cerca del cinco por ciento del valor del metal. El problema más grave, no obstante, era que el gobierno empezó a acuñar en 1830 las famosas febles, monedas envilecidas que no contenían el metal fino de su valor facial. Al pagar a los mine ros en este numerario, la tasa impositiva efectiva alcanzaba alrededor de un tercio del total de la plata entregada al gobierno (Mitre, 1981: 46-56). No fue hasta 1872 que el Estado permitió la exportación de plata no acuñada. Estas restricciones promovieron, por tanto, el contrabando a gran escala.

El contrabando de plata

La exportación ilegal de metal blanco después de la independencia afectó el desarrollo económico de la región, pues la minería ejercía efectos multiplicadores más grandes que otras actividades económicas, fuesen legales o ilegales. El sector minero había sido la columna vertebral de la economía andina colonial. Las minas de Potosí sostuvieron no solo la ciudad más poblada del hemisferio occidental en el siglo XVII, sino que también promovieron redes comerciales que cimentaron la especialización regional en gran parte del continente. Como Carlos Sempat Assadourian demostró, desde las fábricas textiles del lejano Ecuador hasta las tierras de pastoreo de las pampas de Buenos Aires, las regiones se especializaron en la producción de bienes para suplir la demanda de la población de las comunidades mineras, especialmente Potosí. Assadourian, Antonio Mitre y Erick Langer demuestran que este "espacio peruano" continuó en forma atenuada hasta el siglo XIX y, posiblemente también ejerció eslabonamientos similares a aquellos ejercidos durante la Colonia (Assadourian, 1986; ^{Mitre, 1986}; Langer, 1986). Sin embargo, lo que ninguno de estos autores ha tenido en cuenta es el papel del contrabando argentífero. Si se agrega la producción de plata que las estadísticas oficiales no capturaron al cálculo total de metal producido, deben corregirse las estimaciones respecto de la vitalidad económica de la región durante este período. ¿A quién benefició la salida ilegal de metales? ¿Ayudó el contrabando a aumentar la producción minera? ¿Cómo afectó esta actividad el desarrollo económico de la región?

Tres grupos diferentes participaron en el contrabando de metales de la región antes de 1872. Un primer tipo de contrabandista eran personas como Dámaso de Uriburu, propietario de una mina que en 1826 se encargó de transportar las barras de metal mediante la frontera porosa (^{Lofstrom, 1982}). Este grupo no era muy numeroso, ya que la mayoría de los mineros no tenían la infraestructura comercial y de transporte.

El segundo grupo eran los transportistas de los metales, en su gran mayoría indígenas que maneja ban llamas, o campesinos mestizos que fungían de arrieros, con sus recuas de mulas o burros.

El tercer grupo estaba compuesto por pequeños mineros-campesinos que trabajaban en las minas de ajenos y, cuando habían acumulado suficiente metal, lo vendían en los mercados limítrofes. Podían también ser k'ajchas, mineros que trabajaban en las minas al partido, tomando la mitad u otra cantidad acordada del metal que extraían. O podían ser jucos, hombres que entraban en minas abandonadas y las trabajaban sin autorización. Como ha señalado Gustavo Rodríguez, los k'ajcha dominaron gran parte de la plata producida durante el siglo XIX. Este autor demostró que este grupo predominaba en todos los distritos mineros más ricos de Bolivia. Incluso en la ciudad de Potosí, donde presumiblemente existían compañías más grandes, 20 de las 43 minas en servicio eran administradas por el sistema k'ajcha mientras los otros 23 tenían empleados asalariados (Rodríguez, 1989).

La mayor parte de la producción de los k'ajchas fluía por las redes del contrabando. Entre agosto de 1851 y junio de 1856, por ejemplo, solo un poco más del 27% de toda la plata producida por este grupo fue al Banco de Rescate en Potosí² (véase Gráfico 1). Para evitar mandar el mineral al banco, los k'ajchas pagaban a trapicheros, individuos que poseían refinerías rudimentarias. Estos pequeños operadores contrataban con cualquier cliente que les proporcionara negocios, para disgusto de los funcionarios locales. Por ejemplo, en Potosí, en la década de 1840, existían entre 20 y 24 trapiches; para 1871 había 53 (Rodríguez Ostria, 1989: 134).

Algunos de los k'ajchas, especialmente aquellos que estaban en centros mineros cerca de la frontera argentina, la cruzaban sin duda para vender sus barras. Sin embargo, la gran mayoría no tenía los medios ni estaban cerca de la frontera. Por tanto, vendían sus metales a los propietarios de las minas o a otros empresarios en los centros mineros. Por ejemplo, sabemos que en 1842 los k'ajchas en Machacamarca vendían sus platas al propietario de la mina a un precio previamente acordado y recibían, además, compensación en efectivo y bienes. También vendían los minerales "fuera de lo que sacan y venden ocultamente" a otras partes (^{Platt, 2014}: 108).

Los contrabandistas más importantes eran los grandes mercaderes vinculados al comercio internacional. Hay evidencia para apoyar la afirmación de Andrey Schelchkov de que el contrabando de plata se aceleró a mediados de la década de 1840 (Schelchkov, 2005). Sin embargo, el aumento de las exportaciones ilegales de plata empezó antes, a principios de dicho decenio. En efecto, el Ministro de Hacienda de Bolivia advertía al prefecto de Atacama en 1842 que:

Tiene informes el Gobierno de que en las fronteras del Sud, y en la Provincia de Chichas, negocian piñas los comerciantes y las extraen por ese puerto [Cobija] como procedentes de la República Argentina. Es difícil creer la existencia de semejante comercio, teniendo esta Prefectura y demás autoridades el deber de perseguir y castigar todos los abusos que se dirijen a defraudar los intereses nacionales...V.G sabe que en la República Argentina no se elaboran minerales de plata, y que por consiguiente todas las piñas que por esa via se llevan al Puerto deben ser procedentes de Bolivia³.

El ministro informaba además que el problema se había detectado en 1841, cuando un gran déficit en la cantidad de barras de plata enviadas al Banco de Rescate en Potosí condujo al descubrimiento de esta ruta de contrabando⁴.

Afortunadamente, se conserva gran parte de la correspondencia de Gregorio Pacheco, uno de los comerciantes más importantes del sur de Bolivia en las décadas de 1840 y 1850, quien además fue uno de los mayores contrabandistas de plata. Pacheco se convertiría eventualmente en uno de los mineros más ricos de Bolivia y en uno de sus presidentes más exitosos. Gobernó entre 1884 y 1888 durante un período en que la oligarquía minera había arrebatado el control a los militares y promovido el desarrollo económico y político del país (^{Mendoza, 1925}).

Fuente: El Minero (Potosí), 25 de agosto, 1855-julio 4 de 1856, M797, Colección Rück, ABNB

Gráfico 1 K'ajcha vs. plata total mandada al Banco de Rescate de Potosí. 1855-1856. 

Pacheco vivía en Tupiza, una pequeña pero vibrante ciudad en la provincia de Chichas, cerca de la frontera con Argentina. Tupiza fue el principal centro mercantil de los numerosos asentamientos mineros diseminados en Chichas y la vecina provincia de Lípez. En 1846, Tupiza tenía una población de 2.215 habitantes y en 1857 un autor la estimaba ya en 2.500-3.000 habitantes. Muchos empresarios, entre ellos el importante minero y comerciante José Avelino Aramayo, la casa comercial Pantoja Hermanos y John Lord, un mercader británico, se habían establecido allí (^{Crespo, 1981}: 44-46; ^{Dalence, 1975} [1846]: 179; ^{Villafañe, 1857}: 111)⁵.

Pacheco vendía una amplia gama de productos en su tienda de Tupiza que iban desde textiles importados y agujas de acero hasta productos agrícolas como aguardiente, arroz y maíz. Además, tenía agentes que vivían en los centros mineros cercanos que se encargaban de vender sus productos. El número de agentes y su ubicación variaron con el tiempo, pero Pacheco mantuvo empleados de forma perma nente en los asentamientos mineros de Portugalete y San Vicente. El agente que más trabajó para él fue Vicente Plorion, un argentino que vivía en San Vicente, a quien Pacheco cariñosamente llamaba "mi gauchito"⁶. En 1857, el comerciante contrató además a un sacerdote, Pedro V. Moreno, que tenía su parroquia en el pueblo minero de Esmoraca, para servir como otro de sus dependientes⁷.

Pacheco obtenía las barras de plata por medio de sus agentes en los centros mineros tanto de grandes mineros como de operadores más pequeños. Estos últimos eran los mismos k'ajchas y pequeños negociantes que vendían productos al por menor a cambio del pago en metal blanco. Actores como Pacheco tenían una gran ventaja para acceder a las barras argentíferas: podían proporcionar bienes importados, alimentos a crédito o proporcionar efectivo o préstamos a los propietarios de minas. La red de pequeños comerciantes de Pacheco, que compraban metales de los k'ajchas, también suministraba estas ventajas. La cita de Pacheco al comienzo del artículo ilustra bien el fenómeno: el contrabandista promovía la minería otorgando préstamos a los mineros y pagando la plata a mejores tasas que el Banco de Rescate.

¿Por qué los k'ajchas y los mineros vendían sus minerales a los contrabandistas? Comerciantes como Pacheco adelantaban sumas de dinero a mineros con problemas de liquidez para pagar in-sumos y salarios, además de financiar a pequeños comerciantes que necesitaban activos para suplir sus tiendas. El Banco de Rescate, ubicado en la lejana ciudad de Potosí, no podía competir debido a la necesidad de transportar el mineral y al hecho de que el Banco no pagaba el metal a la vista en moneda. Los intentos del Estado por crear bancos auxiliares en diferentes ciudades como Oruro y Tupiza nunca se materializaron (Mitre, 1981: 50-53).

El gobierno boliviano trató de contrarrestar el contrabando argentífero, pero obtuvo magros resultados. En particular, intentó hacerlo mediante su monopolio del azogue. Este último era un insumo vital para el refinamiento de la plata y, según la ley, el Estado debía ser su único proveedor. El banco proporcionaba el metal líquido a los mineros que enviaban la plata a la Casa de la Moneda en Potosí para transformarla en monedas. Era un sistema relativamente efectivo para controlar a mineros a gran escala que necesitaban ingentes cantidades de azogue para sus operaciones⁸.

Sin embargo, el mecanismo no funcionaba para controlar a los pequeños mineros. Paralelo a la oferta de mercurio del banco en Potosí, emergió un vigoroso mercado secundario del insumo. Este mercado canalizaba el azogue que recuperaba el procesamiento del mineral y también aquel que se importaba ilegalmente de Chile y Perú. El periódico bimensual El Minero, que circulaba ampliamente en los distritos mineros, publicaba los precios del mercurio del mercado secundario. Esto facilitaba el contrabando, ya que los mineros usaban azogue que no provenía de fuentes oficiales para refinar los metales que luego vendían a los contrabandistas (^{Deustua, 2010}: 137-138; ^{Platt, 2000}). La falta de control del metal líquido por parte del gobierno hizo que la evasión fuese común. Incluso cuando el banco intercambiaba barras de plata por azogue, los grandes mineros preferían enviar el mínimo de metal al banco, vendiendo el resto a los exportadores ilegales.

Las rutas del contrabando

Había dos rutas principales para que la plata saliera ilegalmente de los distritos mineros de la región. La primera era aquella que, desde el altiplano al sur de Oruro bordeando Pichagas, iba a la región costera peruana, principalmente a Tacna. La otra, más importante en términos cuantitativos, fue la ruta que salía de Chichas y Lípez e iba a Salta, Argentina, y luego al principal puerto chileno de Valparaíso por medio del puerto boliviano de Cobija o, principalmente, mediante el Valle de Paipote y Copiapó en Chile. Otra variante de esta ruta cruzaba más al sur, por Coquimbo (Ruschenberger, 1834: 155). La evidencia sugiere que la ruta del norte, a Tacna, envileció en la década de 1850, mientras que las rutas del sur, a Chile, prevalecieron hasta que la exportación de plata en barras se legalizó en 1872.

La ruta peruana estaba en las manos de los miembros de las comunidades indígenas. En la década de 1830 había hasta mil recuas de mulas o llamas en el altiplano al sur de Oruro que transportaban cientos de toneladas de algodón desde los valles costeros del sur de Perú hasta las tierras altas bolivianas. De allí eran transportadas a la región de Cochabamba donde se empleaban para la fábrica de textiles. Si bien gran parte de estos flujos eran legales, la ruta también fue trajinada por contrabandistas. Como resultado, el gobierno boliviano decretó en 1846 que solo la aduana en Oruro podía registrar mercancías extranjeras, porque "las medidas adoptadas [sic] hasta ahora al intento de aniquilar el contrabando, no han surtido el objeto propuesto, por las facilidades que á la perpetuación de este delito ofrece los diferentes caminos que cruzan la dilatada extensión de la frontera"⁹. Otras leyes de 1843, 1846 y 1863 que buscaban suprimir el comercio ilegal, sugieren la importancia del contrabando desde y hacia Perú, principalmente a la ciudad de Tacna (^{Calderón, 1904}: 103-105). El volumen del contrabando ar gentífero con Perú es imposible de estimar. Este comercio hormiga es consistente con la evidencia acerca del dominio que tenían los miembros de las comunidades indígenas del pueblo de Challapata, a orillas del lago Poopó, respecto del comercio en la región¹⁰. Hanne Cottyn demuestra este fenó meno en su ensayo en este número también. Este dominio se afianzaba gracias a su control tanto de los animales de carga como del comercio de coca. Estas comunidades también participaban en la minería a pequeña escala y el rescate de la plata en una región donde la población no indígena era escasa. La estructura de este tipo de contrabando, estrechamente relacionado con los k'ajchas, permitía que las ganancias del sector se distribuyeran ampliamente en gran parte de la población indígena.

En los distritos del sur de Bolivia, algunos territorios eran más susceptibles al comercio de contrabando que otros. Una larga frontera con Argentina hacia el sur, con altas y empinadas cade nas montañosas en el oeste y hacia el este hasta la jungla, hacía imposible cualquier intento de control gubernamental. A lo largo de la frontera argentina el contrabando era más fácil. El terreno era acci dentado, pero contenía fuentes de agua, pueblos campesinos y granjas con forraje, y algunos valles boscosos (Schmieder, 1926; ^{Bowman, 1924}). Los numerosos senderos dificultaban la operación de las autoridades aduaneras. Funcionarios argentinos y bolivianos se quejaban continuamente de este problema. Dos ejemplos ilustran este fenómeno: en 1842, el subprefecto de Sud Chichas afirmaba que establecería un sistema con la policía que cerraría el contrabando. Aseveraba además que "los individuos venidos de la República Arjentina y los qe regresan de esta" solo pedían pasaportes para ir "pa Mojo, pa Moraya, Talina y otros puntos fronterizos donde están, y de noche hasen sus viajes [al interior] de venida y regreso. Con estos artífices es de jusgar qe realisan el contrabando y la estraccion delas pastas de plata...”¹¹. Asimismo, en 1871, el administrador de aduanas de Jujuy afirmaba que "por asiduo que sea la contracción de los empleados en el fraude del contrabando, no puede evitarse por completo en la estensa, abierta y en su mayor parte desierta frontera con Bolivia"¹².

Gregorio Pacheco usaba la ruta sur. En una misiva a su cuñado Florencio Aparicio en 1857, daba instrucciones hacia dónde debía ir con los 2756 marcos de plata y las 110 onzas y 11 dracmas de oro que quería pasar de contrabando por la frontera. Pacheco le entregó a Aparicio una carta de recomendación para que pudiera pasar la noche en La Poma, en el valle de Calchaquí de Salta (Argentina), en la casa de don Nicolás Losano. Si Aparicio necesitaba más mulas, Pacheco lo autorizó a contratar más allí y también animales de relevo para que pudiera ir lo más rápido posible. Luego, el arriero debía ir al sur por el valle, a El Churcal en Los Molinos, un vasto latifundio donde un señor Gorostiaga lo estaría esperando con ani males de carga frescos. Si Gorostiaga no tenía las mulas listas, el agente estaba autorizado a comprar animales por su cuenta y contratar ayudantes que los locales recomendasen. Desde allí, cruzaría los Andes, hasta el pueblo minero chileno de Copiapó, a una distancia de aproximadamente 300 millas. (Ver mapa.) En Copiapó, Aparicio debía entregar la plata y el oro a la empresa comercial de Federico Helguera y Compañía, donde se debía pesar y enviar por barco a Valparaíso a las bodegas de la casa San Martín y Compañía¹³.

La ruta más común para que Pacheco enviara contrabando a Chile era por la ciudad de Salta. Desde al menos 1848, cuando Pacheco abrió su casa mercantil en Tupiza, enviaba barras de plata, y ocasionalmente oro, a su primo, Vicente Anzoátegui, en la capital de la provincia argentina de Salta. Allí, Anzoátegui refinaba un poco más los metales y seleccionaba a los conductores de mulas para cruzar los Andes hacia Copiapó y desde allí a Valparaíso¹⁴.

Otros grandes contrabandistas de plata trabajaban a lo largo de la costa Pacífica, incluido el puerto boliviano de Cobija. Para pasar la aduana, los comerciantes afirmaban que habían traído plata extraída en Argentina. Sin embargo, el gobierno boliviano rechazó dicho argumento. El Ministerio de Hacienda advertía al prefecto en Cobija en la década de 1840 que tenía "informes de que en las fronteras del Sur, y en la Provincia de Chichas, negocian las piñas los comerciantes y las extrañas por ese Puerto como obtuvieron de la República Argentina". Además, "V.E. sabe que en la República Argentina no se elaboran minerales de plata, y por qué todas las piñas que por consiguiente todas las piñas que esa vía llevan al Puerto deben ser procedentes de Bolivia". El Ministerio instaba a las autoridades portuarias a examinar cuidadosamente los envíos del metal blanco y a "proceder a la aplicación de las leyes que castigan el contrabando de las piñas"¹⁵. En 1845, el ministro envió una misiva al prefecto, acusándolo de permitir la exportación de barras de plata. Esto sucedía, a pesar del aumento de las penas a cinco años de prisión¹⁶. Incluso en 1863 la gran casa de comercio de José María Artola e Hijos, importadores de azogue aprobados por el gobierno, se dedicaron al contrabando de plata (^{Jemio, 2015}: 121-129; ^{De Insausti, JM 1863}; ^{Lacaze, J. 1864}; ^{Anónimo 1864}).

A fines de la década de 1850, las tácticas de los grandes contrabandistas como Pacheco cambiaron. La ciudad de Yavi, a solo unas millas en el lado argentino de la frontera con Bolivia, se convirtió en el nodo focal del contrabando argentífero. Aunque Pacheco continuó enviando piñas desde Bolivia a su primo en Salta, diversificó sus operaciones al solicitar efectivo a los propietarios de minas bolivianos a quienes prometía entregar en Salta la cantidad equivalente en plata en barras¹⁷. Así, su compañía recibió 14.000 pesos de Pedro España, que Pacheco prometió depositar cuatro meses después "en Salta en pastas de plata, vírgen de buena calidad, al precio de nuebe pesos seis reales cada marco"¹⁸. Un mes después, Pacheco sugirió un trato similar a Belisario Peró, el dueño de una empresa mercantil de Sucre que también tenía una subsidiaria en Valparaíso. Pacheco dijo que podría tomar 10.000-12.000 pesos, colocados en Tupiza, y que garantizaría que Peró obtendría "igual valor a la orden de U.U. entregar en plata en barro a razon de diez pesos un real el marco". Además, Pacheco aconsejó que:

[L]a remicion hágalo U.U. con reserva pa q. no se aventuren juicios de q. es pa contrabando". Después de todo, "[n] osotros tenemos buenos agentes en Salta y aun en todos los pueblitos de la Repa Arjentina fronterizos a Bolivia; en todos ellos se rescata de ntra cuenta y nos curamos poco de averiguar el orijen de las pastas q. se nos venden, desde q. las compras se hacen en un país donde no es prohivido este negocio¹⁹.

La incursión en el traslado de plata a Argentina transfería el riesgo a los mineros y a los pequeños contrabandistas que compraban plata en las ciudades mineras. Pacheco, entonces, utilizaba a los k'ajchas para asumir los riesgos de trajinar las piñas por la frontera.

Cuestiones cuantitativas

¿Cuánta plata se exportaba ilegalmente desde Bolivia? Solo tenemos cifras parciales, ya que el contrabando por su propia naturaleza trata de ocultar su éxito. Examinemos, primero, las cifras oficiales. El Gráfico 2 muestra la plata presentada a la Casa de la Moneda, donde prácticamente toda la plata que se envió al Banco de Rescates terminaba convirtiéndose en numerario²⁰. Este es un buen indicador del comercio legal de plata hasta 1872 cuando el metal podía ahora exportarse sin convertirse en monedas.

El gráfico indica que hasta 1814 la producción de plata se mantuvo a un nivel cercano a los 300.000 marcos. A partir de 1815, la extracción disminuyó a una banda relativamente estable, con pocas excepciones, de entre 150.000 y 200.000 marcos. La producción legal de plata hasta 1872, por tanto, solo alcanzó la mitad o dos tercios de los niveles alcanzados durante el período colonial tardío.

Fuente: Mitre 1981: Apéndice 4

Gráfico 2 Plata entregada a la Casa de la Moneda de Potosí, 1800-1873. 

Las estimaciones oficiales que existen de la extracción ilegal de minerales son dispersas y no son muy precisas. Es claro, no obstante, que el problema del contrabando de plata arreció con la llegada de la república, como lo muestra el caso de Dámaso de Uriburu. En 1826, el cónsul británico en Lima estimó que alrededor del 27% de toda la plata era sacada clandestinamente del país²¹. No tenemos estimaciones para la década de 1830. En 1842, el Ministerio de Hacienda observó que:

por el estado comparativo del número de marcos de plata rescatados en el Banco Nacional de Potosí en los años 40 y 41, se nota que en el último ha tenido un déficit de espacio 37,962 marcos...no há. esta quiebra, sinó al contrabando de piñas que se hace por este Puerto con Guías de la República Argentina²².

Estas platas ascendían a aproximadamente el 17% de la producción total traída al Banco de Rescates.

Gregorio Pacheco no era el único contrabandista de plata, incluso en Tupiza. En 1848, Pacheco mencionaba que el gobierno lo tenía a él y a Soruco [la empresa comercial Soruco y Hermanos] "en los ojos" por ser defraudadores. De hecho, Pacheco trabajó junto con Soruco para pasar metales por la frontera. A principios de 1850, Pacheco nuevamente comentó que "un par de empresarios" estaban en Portugalete y ofrecían 6 reales más que él por plata. Se molestó, por supuesto, porque ellos ofrecían mejores precios a sus clientes que su agente. Pacheco exclamó en otra carta que "estoy dando 70,000 zatanas a los bribones contrabandistas de pastas q nos ocasionan obstáculos casi insuperables en la compra de ellas". Estaba especialmente molesto porque habían tratado de quitarle a sus agentes ofreciéndoles dinero para comprar metales para ellos²³.

Pacheco fue probablemente el principal contrabandista en Tupiza y exportó ilegalmente al menos 19.906 marcos de plata o 10% del metal total registrado por todos los introductores en el Banco de Rescates en 1857.²⁴ En virtud de su numerosa competencia, una estimación conservadora sugeriría que alrededor del 30% de todos los lingotes de plata se exportaron ilegalmente. Esto encaja bien con las estimaciones gubernamentales, que rondaban el 25% (^{Pentland, 1975}: 8).

Si un tercio de la plata abandonó el país sin ser registrada, ¿qué significó esto para el desarrollo económico de los Andes centromeridionales? Tres grupos principales se beneficiaron del comercio de contrabando. Primero, naturalmente, los mismos contrabandistas; segundo, los mineros de Chichas y Lípez y las comunidades indígenas y campesinas por medio de los k'ajchas; tercero, los especialistas en transporte -llameros y arrieros- que desplazaban la plata, el oro y el mercurio. Los beneficios económicos, por tanto, se distribuyeron por la región, aunque beneficiaba principalmente a un triángulo que iba de Oruro y Salta en el oriente a la costa del Pacífico en el occidente.

Los agentes que grandes mercaderes como Pacheco desplegaba en los asentamientos mineros también hicieron parte de los grupos beneficiados por el contrabando. Ciriaco Plorion, que trabajó en San Vicente y Aniceto Bargas, el agente de Pacheco en Portugalete, por ejemplo, recibieron el 4% de todas las compras que arregló Pacheco desde Tupiza. Además, todos los agentes vendían también bienes importados de manera independiente, recibiendo para ello mercancías de Pacheco²⁵.

Otros beneficiarios del flujo ilegal de metales fueron los propietarios de minas.

Gregorio Pacheco fue especialmente generoso con su primo Narciso Campero, en quien confiaba porque había viajado con él a Europa durante algu nos años. El 4 de junio de 1858, Pacheco escribió una larga carta a Campero, justificando su papel de contrabandista. Así, afirmaba que:

Aqui ni en parte alguna no se conoce entre los negociantes jente tan patriota y desinteresada aquien pudieras persuadir q. renuncie la utilidad de mil o dos mil y mas pesos p^r año, cediéndola de una manera indirecta al Gobierno, p^r q. su erario se halla exhausto. Tu q. has estado aquí conoces el modo de pensar de la mayor parte de estas jentes. El azoguero dice -"Sacrifico mi fortuna y mi existencia case spre infructuosamente, p^r q. el Sr. Estado me usurpa el fruto de mi trabajo imponiendole un arbitrario e injusto precio y pagando además con cobre mi buena plata: tal es la protección q. presta el Estado al mas importante Ramo de industria del pais". El único q. fomenta al azoguero en esta Provincia es el inmoral contrabandista, p^r q. le anticipa grandes sumas de dinero sin interes y la paga mayor precio p^r sus pastas: sin este recurso, los mono [¿?] de los azogueros se hallarian completamen^te arruinados²⁶.

De esta manera, Pacheco tocaba varios puntos importantes. Primero, los mineros obtenían capital de contrabandistas como él que estaban dispuestos a adelantar dinero o bienes para que el minero realizara sus operaciones. El contrabando convirtió a los distritos mineros del sur de Chichas y Lípez en los más dinámicos de Bolivia precisamente porque tenían acceso a fondos provenientes de comerciantes vinculados a la costa del Pacífico y, en particular, del vibrante centro comercial y financiero de Valparaíso, que estaba a su vez bien conectado con el sector mercantil británico (^{Cavieres Figueroa, 1999}; ^{Llorca-Jaña, 2014}).

Esta cita también rescata el sentido de frustración de los mineros, que veían la imposición de impuestos -y el hecho de "pagar con cobre mi buena plata"- una injusticia, transformando el producto del trabajo minero -la plata- a otra sustancia, el cobre. Contaminando sus pastas de plata puras con otra sustancia para acuñar monedas le parecía un insulto. Un insulto mayor, ya que según Pacheco el Estado hacía muy poco para el sector minero y más bien era un estorbo que una ayuda. Con eso, el comerciante justificaba la moralidad de sus acciones, que iban en contra del presupuesto del Estado. Era la moralidad del contrabandista, algo que Cecilie Ødegaard ha analizado muy bien para el caso peruano contemporáneo (^{Ødegaard, 2008}: 252).

Las poblaciones campesinas andinas, y especialmente (aunque no exclusivamente) las comunidades indígenas, ayudaron a que el ingreso minero se dispersara en la región. Muchos mecanismos sociales aseguraron este fenómeno. La presión social a los miembros ricos de población les obligaba a gastar dinero en fiestas como alféreces. Pagaban por comida y bebida, además de conseguir que un sacerdote dijera misa en el pueblo. Al estilo andino, intercambiaban capital monetario por capital social, convirtiéndose en grupos distinguidos en su pueblo natal. Además, los individuos más ricos de las comunidades distribuían recursos a otros miembros con préstamos que financiaban operaciones mercantiles. Así, Agustín Nina, del ayllu Culli de Salinas de Garcimendoza, tenía en 1839 un negocio en el que empleaba a Cruz Gabriel, otro indígena del mismo Ayllu, para "rescatarme marcos de piña". También adquiría oro y azogue, que procedía a vender en la región. Nina no era particularmente rico, pero prestaba pequeñas cantidades de dinero principalmente a otros miembros de su comunidad. 68 miembros de esta le debían casi 2.000 pesos²⁷. Si bien Nina no era una k'ajcha regular, empleó a otros para obtener minerales, recurriendo de este modo a los mecanismos andinos para asignar recursos. Los más acomodados, de esta manera, usaban a otros lugareños para sus actividades y distribuían luego sus recursos a la comunidad.

Los beneficios del contrabando fluían, natu ralmente, más allá de las regiones mineras. Los arrieros y los conductores de llamas, en su mayoría miembros de comunidades indígenas, transporta ban la plata por las fronteras políticas y obtenían parte de las ganancias. Los arrieros cobraban altos fletes pues corrían el riesgo de ser encarcelados si los atrapaban. En efecto, hay indicios de que los precios de transporte para el contrabando eran sustancialmente más altos que para el comercio legal. En 1857, Pacheco aseguró a un arriero, Jorge D. de Aramayo, de Moraya, cerca de la frontera argentina en Chichas, que le pagaría entre 450 y 500 pesos como porcentaje del valor de la carga, que se negó a especificar, para "un negocillo". Esto era mucho dinero para un arriero y su equipo. Pacheco incluso prometió llevar la carga directamente a la casa de Aramayo, lo que habría sido inusual si hubiera sido un envío legal²⁸. En 1861, Pacheco estaba dispuesto a que el arriero, D. Ramón Sivila, llevara plata a Salta, pero aunque lo llamó "hombre mui honra do", le pidió a su agente en Yavi que "me haga U. el favor de proporcionarle un mozo honrado q. lo acompañe ", cosa que sería mucho más cara, pero que "pagaré con muchísimo gusto"²⁹. Es claro, en tonces, que a quienes transportaban el metal ilegal se les pagaba más, a menudo considerablemente más, por sus servicios.

Para resumir, el contrabando de plata era común en Bolivia hasta 1872. Favoreció a grandes evasores como el comerciante Gregorio Pacheco, pero también a otros grupos. Entre estos estaban las comunidades indígenas y los arrieros y llameros de poblaciones campesinas. Durante la mayor parte del siglo XIX, las ganancias del contrabando se distribuyeron ampliamente en la sociedad boliviana. El cambio ocurrió con la legalización de las exportaciones de plata en 1872 y, como demuestra Nancy Egan en este número, cuando la concentración de la minería en pocas manos y la proletarización de la fuerza laboral condujo a una alta concentración del ingreso en una oligarquía minera que mantuvo el poder en Bolivia hasta la Revolución de 1952.

Traducción hecha por James Torres.

Agradecimientos

Esta investigación tuvo el apoyo del National Endowment for the Humanities y el Social Science Research Council. Agradezco también a mis asisten tes de investigación, Isabel DeSpirito y Katherine (Galyn) Sumida-Ross.